El gobierno venezolano está siendo fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, debido a su ineficacia para manejar la violencia carcelaria.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 591 reclusos fallecieron y 1.132 resultaron heridos en motines y otros hechos de fuerza en las cárceles venezolanas en 2012, justo cuando llueven críticas a las autoridades penitenciarias por su ineficacia contra la violencia carcelaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unió también a los llamados a "adoptar medidas urgentes" para garantizar la vida de los reos.
“La Comisión Interamericana reitera al Estado venezolano su deber de adoptar medidas urgentes orientadas a garantizar los derechos a la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en Venezuela", indicó el organismo en un comunicado.
La CIDH subraya que "el debido control del orden interno en las cárceles por parte de las autoridades es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad".
De acuerdo a Humberto Prado, director del OVO, "el Estado contribuye a que (las condiciones) sean violentas. Uno, porque contribuye al tráfico de armas y de droga dentro de la cárcel; y dos, porque hace inhóspito el lugar de reclusión", indicó en conferencia de prensa.
En el país funcionan 33 cárceles que fueron construidas para tener 16.539 reclusos, pero la población penal actual supera en casi tres veces la capacidad de esas instalaciones, lo cual no es del todo inusual en el resto de países de Latinoamérica, aunque sí lo es el nivel de violencia.
El gobierno del presidente Hugo Chávez decidió en julio del 2011 crear el Ministerio de Servicio Penitenciario para hacer frente a la crisis carcelaria que quedó al descubierto luego del violento motín de casi un mes que se presentó en las cárceles centrales del Rodeo I y II.
Pero como se vio recién el pasado fin de semana en la cárcel de Uribana, donde fallecieron 58 reclusos el problema está lejos de ser resuelto.
La CIDH también calificó de "preocupante que funcionarios públicos responsabilicen de hechos de violencia en una cárcel a los medios de comunicación por haber trasmitido información de interés público que había sido proporcionada por las autoridades de Gobierno".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unió también a los llamados a "adoptar medidas urgentes" para garantizar la vida de los reos.
“La Comisión Interamericana reitera al Estado venezolano su deber de adoptar medidas urgentes orientadas a garantizar los derechos a la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en Venezuela", indicó el organismo en un comunicado.
La CIDH subraya que "el debido control del orden interno en las cárceles por parte de las autoridades es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad".
De acuerdo a Humberto Prado, director del OVO, "el Estado contribuye a que (las condiciones) sean violentas. Uno, porque contribuye al tráfico de armas y de droga dentro de la cárcel; y dos, porque hace inhóspito el lugar de reclusión", indicó en conferencia de prensa.
En el país funcionan 33 cárceles que fueron construidas para tener 16.539 reclusos, pero la población penal actual supera en casi tres veces la capacidad de esas instalaciones, lo cual no es del todo inusual en el resto de países de Latinoamérica, aunque sí lo es el nivel de violencia.
El gobierno del presidente Hugo Chávez decidió en julio del 2011 crear el Ministerio de Servicio Penitenciario para hacer frente a la crisis carcelaria que quedó al descubierto luego del violento motín de casi un mes que se presentó en las cárceles centrales del Rodeo I y II.
Pero como se vio recién el pasado fin de semana en la cárcel de Uribana, donde fallecieron 58 reclusos el problema está lejos de ser resuelto.
La CIDH también calificó de "preocupante que funcionarios públicos responsabilicen de hechos de violencia en una cárcel a los medios de comunicación por haber trasmitido información de interés público que había sido proporcionada por las autoridades de Gobierno".