Myanmar ejecuta a exlegislador y a otros 3 presos políticos

ARCHIVO - Phyo Zeya Thaw llega al parlamento de Myanmar en Naypyitaw, Myanmar, el 19 de agosto de 2015.

Elaine Pearson, directora interina de Human Rights Watch en Asia, dijo que los procedimientos legales contra los cuatro habían sido “juicios militares sumamente injustos y políticamente motivados”.

El gobierno de Myanmar confirmó el lunes que había llevado a cabo sus primeras ejecuciones en casi 50 años, ahorcando a un exlegislador, un activista por la democracia y otros dos presos políticos que habían sido acusados de un asesinato selectivo tras la toma militar del país el año pasado.

Las ejecuciones, anunciadas por primera vez en el periódico estatal Mirror Daily, se llevaron a cabo a pesar de los pedidos de clemencia de todo el mundo para los cuatro hombres, incluso de expertos de las Naciones Unidas y de Camboya, que ocupa la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Los cuatro fueron ejecutados “de acuerdo con los procedimientos legales” por dirigir y organizar “actos cómplices violentos e inhumanos de asesinatos terroristas”, informó el periódico. No dijo cuándo fueron ahorcados.

Posteriormente, el gobierno militar emitió una breve declaración sobre las ejecuciones, mientras que la prisión donde habían estado detenidos los hombres y el departamento penitenciario se negaron a comentar.

Aung Myo Min, ministro de Derechos Humanos del Gobierno de Unidad Nacional, una administración civil en la sombra establecida fuera de Myanmar después de que los militares tomaron el poder en febrero de 2021, rechazó las acusaciones de que los hombres estaban involucrados en la violencia.

“Castigarlos con la muerte es una forma de gobernar al público a través del miedo”, dijo a The Associated Press.

Entre los ejecutados estaba Phyo Zeya Thaw, un exdiputado del partido Liga Nacional por la Democracia de la líder derrocada Aung San Suu Kyi. También conocido como Maung Kyaw, fue condenado en enero por un tribunal militar a puerta cerrada por delitos relacionados con la posesión de explosivos, atentados con bombas y financiación del terrorismo.

Su esposa, Thazin Nyunt Aung, le dijo a AP que el mundo necesita responsabilizar a los militares por las ejecuciones. “Tienen que pagar”, dijo.

Phyo Zeya Thaw, de 41 años, fue arrestado en noviembre pasado en base a información de personas detenidas por dispararle al personal de seguridad, dijeron los medios estatales en ese momento. También fue acusado de ser una figura clave en una red que llevó a cabo lo que los militares describieron como ataques terroristas en Yangon, la ciudad más grande del país.

Phyo Zeya Thaw había sido músico de hip-hop antes de convertirse en miembro del movimiento político Generation Wave formado en 2007. Fue encarcelado en 2008 bajo un gobierno militar anterior tras ser acusado de asociación ilegal y posesión de moneda extranjera.

También fue ejecutado Kyaw Min Yu, un activista por la democracia de 53 años más conocido como Ko Jimmy, por violar la ley antiterrorista. Fue uno de los líderes del Grupo de Estudiantes Generación 88, veteranos de un fallido levantamiento popular de 1988 contra el régimen militar.

Ya había pasado más de una docena de años tras las rejas por activismo político antes de su arresto en Yangon en octubre pasado. Lo habían incluido en una lista de buscados por publicaciones en redes sociales que supuestamente incitaban disturbios, y los medios estatales dijeron que estaba acusado de actos terroristas, incluidos ataques con minas, y de encabezar un grupo llamado Operación Luz de Luna para llevar a cabo ataques de guerrilla urbana.

Los otros dos, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron declarados culpables de torturar y matar a una mujer en marzo de 2021 a la que supuestamente creían que era una informante militar.

Elaine Pearson, directora interina de Human Rights Watch en Asia, dijo que los procedimientos legales contra los cuatro habían sido “juicios militares sumamente injustos y políticamente motivados”.

“La barbarie y el desprecio insensible de la junta por la vida humana tienen como objetivo enfriar el movimiento de protesta contra el golpe”, dijo tras el anuncio de las ejecuciones.

Thomas Andrews, un experto independiente en derechos humanos designado por la ONU que condenó la decisión de seguir adelante con las ejecuciones cuando se anunciaron en junio, pidió una fuerte respuesta internacional.

"Estoy indignado y devastado por la noticia de la ejecución por parte de la junta de patriotas de Myanmar y campeones de los derechos humanos y la decencia", dijo en un comunicado. “Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia letrada, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar había rechazado la ola de críticas que siguió a su anuncio en junio, declarando que su sistema judicial es justo y que Phyo Zeya Thaw y Kyaw Min Yu habían “demostrado ser los autores intelectuales de orquestar ataques terroristas a gran escala contra civiles inocentes para inculcar temer y perturbar la paz y la estabilidad”.

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