Nicaragua acusó a Washington de avivar las protestas contra el presidente Daniel Ortega en abril 2018, las cuales desembocaron en una crisis sociopolítica que parece no tener fin en Managua, algo que fue desmentido el viernes por el Departamento de Estado estadounidense, que lamentó las “narrativas que dicen lo contrario”.
La vicepresidenta y vocera del gobierno nicaragüense, Rosario Murillo, acusó el jueves a la Embajada de Estados Unidos en Managua de orquestar las protestas, justo cuando se cumplen seis años del inicio de las manifestaciones que fueron reprimidas con violencia y dejaron más de 300 muertos, según grupos de derechos humanos y oenegés.
“Hace ya seis años la cizaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la Embajada Americana y otras comparsas, sectores de la Iglesia católica, sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros que sólo querían y presagiaban muerte, destrucción”, dijo Murillo en un discurso transmitido por medios oficiales.
El gobierno estadounidense, por su parte, señaló que lo ocurrido en 2018 en realidad fue que todos los sectores de la sociedad, estudiantes, activistas, trabajadores y trabajadoras, periodistas y ciudadanos jóvenes y mayores ejercieron sus derechos fundamentales de reunión pacífica y libre expresión y por esa razón "el régimen Ortega-Murillo y sus partidarios los atacaron, por expresar su descontento".
También lea ¿Se ha radicalizado el panorama en Nicaragua tras seis años de crisis sociopolítica?"La comunidad internacional sabe muy bien lo que ocurrió en abril de 2018 a pesar de las narrativas que dicen lo contrario", comentó en un correo el Departamento de Estado a la Voz de América, y recordó que en febrero de 2024 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua reafirmó sus conclusiones anteriores "sobre la responsabilidad de Ortega-Murillo por violaciones y abusos sistemáticos de derechos humanos".
"Seguimos apoyando al pueblo nicaragüense", concluyó el Departamento de Estado.
Desde el inicio de la crisis de 2018, Washington ha impuesto una serie de sanciones contra el gobierno nicaragüense a consecuencia de los "abusos del régimen" contra sectores críticos al presidente Daniel Ortega.
Rosario Murillo aseguró que las protestas costaron al país 206 millones de dólares en daños.
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