El Departamento de Estado de Estados Unidos catalogó al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como "un sistema político altamente centralizado y autoritario", según el informe anual 2018 sobre Derechos Humanos divulgado el miércoles.
"Los derechos humanos se deterioraron notablemente durante el año. Los problemas incluyeron informes de homicidios ilegales o arbitrarios cometidos por el gobierno o sus agentes; desaparición forzada por fuerzas de la parapolicía; tortura; abuso físico, incluida la violación, por parte de funcionarios del gobierno; y arrestos y detenciones arbitrarias", dice el informe.
Mención importante tuvo en el informe el caso de Venezuela, un país envuelto en una severa crisis política, económica y social.
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En cuanto a Nicaragua el informe mencionó el dúo que hacen en el poder Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo Zambrana.
"El partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales a pesar del estatus oficial del país como una república constitucional multipartidista".
Ortega inició un tercer mandato en enero del 2017 y Estados Unidos cataloga que el proceso electoral previo fue "profundamente defectuoso".
"Los observadores han notado serias fallas en las elecciones municipales, regionales y nacionales desde 2008. Los grupos de la sociedad civil, los expertos electorales internacionales, los líderes empresariales y los líderes religiosos identificaron fallas persistentes en las elecciones municipales de 2017 y señalaron la necesidad de una reforma electoral integral", explica el informe.
Además señala que "las autoridades civiles mantuvieron el control efectivo sobre la policía y las fuerzas de seguridad de la policía".
Advirtió sobre la existencia de parapolicía, un grupo no uniformado, enmascarado y armado con entrenamiento y organización táctica, que según el informe, actúa en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo del gobierno, y que reporta directamente a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP).
El informe del Departamento de Estado se refiere a las protestas de abril pasado y achaca a Ortega y a Murillo el haber "ordenado a la policía que reprimieran con violencia las protestas pacíficas que comenzaron por descontento con la decisión del gobierno de reducir los beneficios de la seguridad social".
"La respuesta excesiva del gobierno incluyó el uso de municiones y francotiradores", dice el informe. "A finales de noviembre, el conflicto resultante dejó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de personas detenidas ilegalmente y torturadas, y más de 52.000 exiliados en países vecinos".
El informe asevera que a partir de agosto, el gobierno de Ortega instituyó una política de "exilio, cárcel o muerte" para cualquier persona que se percibiera como oposición, enmendó las leyes de terrorismo para incluir actividades de democracia y usó el sistema de justicia para caracterizar a los actores de la sociedad civil como terroristas, traficantes, asesinos y culpables de supuestos golpes de Estado.
Duras condiciones en prisión
El informe estadounidense indica que existieron en 2018 "condiciones de prisión duras y peligrosas para la vida; prisioneros políticos; interferencia arbitraria e ilegal en la privacidad; arrestos de periodistas, censura, bloqueo de sitios (...) y una interferencia sustancial respecto a los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, incluidos los ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la Iglesia".
A su vez señaló que el gobierno de Ortega eliminó el estatus legal de varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizaciones de la sociedad civil, incautando sus activos y medios para bloquear su funcionamiento.
"Hubo corrupción generalizada; trata de personas; ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); la discriminación contra las minorías étnicas y las comunidades indígenas; y el trabajo infantil", indica el texto.
"El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad para quienes violaban los derechos humanos y le eran leales", aseguró.
Despariciones
El informe citó a la Asociación nicaragüense a favor de los derechos humanos (ANPDH), que reportó más de 500 desapariciones entre el 19 de abril y el 26 de julio.
"Las fuerzas armadas detuvieron arbitrariamente a los manifestantes y con frecuencia los mantuvieron en instalaciones improvisadas sin permitirles que avisaran a sus familiares o buscaran asistencia legal. Las detenciones generalmente duraron entre dos semanas y un mes. Los oficiales de la PNN y las autoridades de la prisión a menudo negaron que los detenidos estuvieran bajo custodia".
El texto señala que el gobierno "no hizo ningún esfuerzo para prevenir, investigar o castigar tales actos".
Tortura y tratos degradantes
Estados Unidos en su informe que "los casos de tortura estaban bien documentados y los funcionarios públicos llevaron a cabo actos intencionados que provocaron graves sufrimientos físicos o mentales con el fin de obtener información, infligir castigos y disuadir psicológicamente a otros ciudadanos de informar sobre las acciones del gobierno o participar en acciones cívicas contra el gobierno".
Además afirma que los miembros de la sociedad civil y los líderes estudiantiles involucrados en las protestas que comenzaron el 19 de abril pasado fueron lo más expuestos a tratos inhumanos respecto a otros opositores.
Cuba, un estado "autoritario"
El informe estadounidense sobre desempeño de los Derechos Humanos en el 2018 afirma que Cuba es un estado autoritario liderado por Miguel Díaz-Canel.
"Los problemas de derechos humanos incluyeron informes de un asesinato ilegal y arbitrario por parte de la policía; tortura de disidentes políticos, detenidos y presos por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida; arresto y detención arbitrarios; tenencia de presos políticos; y la interferencia arbitraria o ilegal a la privacidad".
Además se refiere el texto a que el gobierno está "involucrado en la censura y el bloqueo de sitios" y limita la libertad académica y cultural; restringe el derecho de reunión pacífica; impide la libertad de asociación, incluyendo la negativa a reconocer asociaciones independientes; y restringe la libertad de circulación interna y externa.
También expresa que en la isla hubo en 2018 "corruoción oficial, tráfico de personas, prohibición de los sindicatos independientes y trabajo obligatorio".
Sin embargo, dice el texto, el pasado año "no hubo informes confirmados de desapariciones" de parte de las autoridades gubernamentales, pero hubo numerosos informes de activistas detenidos cuyo paradero se desconocía temporalmente porque el gobierno no registró estas detenciones.
"Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad".
También fueron reportadas "malas condiciones" en las cárceles, incluyendo el hacinamiento y deficientes servicios médicos y de saneamiento.
Sobre la falta de libertad de expresión, incluida la prensa, aludió el texto, criticando que solo es permitida en la medida en que "se ajuste a los objetivos de la sociedad socialista". Las leyes que prohíben las críticas a los líderes del gobierno y la distribución de propaganda antigubernamental conllevan a penas que van de tres meses a 15 años de prisión.
En el pasado el gobierno de Cuba ha rechazado las posiciones de Estados Unidos sobre derechos humanos y las acusaciones en su contra, indicando que usan un doble estándar para hacer la evaluación del tema.