Susana López, madre de Gerald Vásquez, un joven asesinado durante el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia en Managua, durante las protestas sociales del año 2018, recuerda con mucho dolor la muerte de su hijo. A pesar de que pasaron dos años, la organización Madres de Abril a la que pertenece, sigue exigiendo justicia por los más de 300 nicaragüenses víctimas de la represión estatal.
“Lo recuerdo como una persona muy respetuosa. Era un chavalo que quería salir adelante, trabajar y obtener su carrera. Pero lamentablemente el gobierno le quitó los sueños a todos los muchachos”, dijo López en medio de la nostalgia que le produce la memoria del mayor de sus cuatro hijos.
Tras dos años de la crisis que estalló después de que el 18 de abril de 2018 un grupo de simpatizantes del gobierno atacara una pequeña protesta de un grupo de pensionados, la situación en el país está lejos de regresar a la normalidad, sostienen entrevistados por la Voz de América.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó que el panorama en el país no ha variado en materia de derechos humanos, acceso a la justicia, libertades públicas y derechos ciudadanos.
“Un panorama oscuro, en materia de respeto a derechos humanos, un panorama oscuro y hasta en materia económica que tiene que ver con derechos humanos, porque estamos hablando de calidad de vida. En materia de derechos humanos vamos involucionando”, afirmó.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. [Foto: Daliana Ocaña, VOA]
Cuevas lamentó que, los esfuerzos por encontrar una salida a la crisis parecen estancados, con el gobierno insistiendo en ignorar las demandas de la población, que incluyen el adelanto de elecciones y el país enfrentando casi acéfalo la crisis sanitaria mundial.
“Lamentablemente la situación de vulneración de derechos humanos en nuestro país sigue siendo una constante, lo único que ha tenido ciclos evolutivos, cuando comenzó el conflicto existían asesinatos, una represión brutal, ataque de paramilitares, y posteriormente otra etapa de represión a manifestantes por brigadas especiales de la policía y ahora otra etapa donde ciudadanos identificados como opositores son acosados y están en situación de secuestro dentro de sus propias casas”, explicó el defensor de derechos humanos.
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¿Qué opinan los simpatizantes del gobierno?
El gobierno de Daniel Ortega ha señalado en numerosas ocasiones que la crisis social que vive el país es producto de un "golpe de Estado fallido" financiado por el gobierno de Estados Unidos.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro reiteró el argumento y afirmó que la crisis de abril de 2018 ya culminó.
“Mal que bien estamos caminando. Pero aquí hay una maldad, la maldad con el golpe que pretendió paralizar el país para destruir la economía y ahora con el coronavirus también la campaña es para paralizar el país, y destruir la economía”, dijo Navarro.
Organismos de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua han indicado que la represión contra las protestas sociales de abril de 2018 dejó más de 328 muertes, cientos de heridos y exiliados.
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