Durante una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos realizada el viernes, siete países miembros presentaron un proyecto de resolución de ocho puntos ante el Consejo Permanente del organismo internacional en el que apoya firmemente el reinicio del diálogo en Nicaragua, condena la violencia y los abusos a los derechos humanos y demanda responsabilizar a los implicados en los crímenes cometidos aunque en el documento no se menciona directamente al gobierno de Nicaragua.
Pero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, responsabilizó al Estado de Nicaragua por el incremento de la violencia y de las muertes. “La violencia del Estado nunca puede ser permitida, el Estado está para proteger los derechos de la gente y no para avasallarlos”, afirmó.
El secretario de la OEA dijo que lo peor que le puede suceder a Nicaragua es seguir muriendo. “Tenemos la oportunidad de llevar a los responsables ante la justicia. La sangre derramada en Nicaragua, las centenas de muertes es muestra de que estamos tarde”, dijo.
Señaló que el camino que se ha tomado en Nicaragua es distinto al que propuso la OEA, elecciones anticipadas en un periodo que oscilaría entre nueve y catorce meses.
“Desde el comienzo fue detener la violencia, pero el camino que se tomó fue el de la violencia, el de la represión. Tenemos razón: o íbamos a elecciones o íbamos a la muerte de cientos en Nicaragua. La falta de respuesta significará más muertes”, apuntó.
El proyecto de resolución fue presentado por la embajadora de Argentina en la OEA, Paula Bertol y respaldada por Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú, Costa Rica y Colombia. Se espera que sea discutida y sometida a voto la próxima semana, pero no se ha fijado aún una fecha.
De igual manera, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, señaló que “la violencia e intimidación contra el pueblo de Nicaragua es inaceptable”.
Por su parte, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, aprovechó la sesión para anunciar el arresto de Medardo Mairena, una persona a la que responsabiliza de ataques a una alcaldía y de la muerte de cuatro policías y un maestro, pero a quien la oposición considera uno de sus líderes.
Mairena forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que desde mediados de mayo ha entablado un diálogo con el gobierno de Nicaragua en busca de superar la crisis política que vive el país desde mediados de abril. Además, es uno de los representantes de los campesinos que se oponen a la construcción del Canal Interoceánico y una de las voces más firmes en pedir que Ortega deje el poder lo antes posible.
"Es un acto de represión no cabe duda, sumamente peligroso, porque él representa a un sector muy importante de nuestro país en el diálogo nacional", dijo Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Sin embargo, en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington el canciller nicaragüense insistió en que se quiere ensuciar la imagen del gobierno sandinista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó esta semana que ya suman 264 muertos y 1.800 heridos desde que comenzaron las protestas, pero Moncada dijo que esos datos eran parciales y poco rigurosos.
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"Se le quiere endilgar al gobierno crímenes que son cometidos por grupos ilegales, delincuenciales, terroristas, con el objetivo de desequilibrar al Estado y hacer un cambio de gobierno por la ruptura del orden constitucional", indicó.
En la misma línea se pronunció Ortega, quien se presentó en una caravana de autos hacia Masaya, 28 kilómetros al sureste de la capital, para recordar 39 años de la operación militar conocida como "El Repliegue", que año con año terminaba con un acto masivo en el barrio Monimbó de esta localidad, pero que esta vez se tuvo que hacer en la pequeña estación de policía de la ciudad debido a que la población de ese suburbio se rebeló contra el gobierno.
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Y en la capital arreciaban los enfrentamientos el viernes por la noche. El campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua sufría un fuerte ataque por parte de policías y fuerzas parapoliciales con el objetivo de desalojar a los estudiantes que la tienen tomada desde hace dos meses. La Cruz Roja dijo que hay heridos, aunque no precisó el número.
Por su parte, el obispo Silvio José Báez alertó vía Twitter que individuos armados estaban disparando a una parroquia en cuyo interior había heridos y un sacerdote. La mañana del sábado se confirmó la muerte de un joven herido de bala en la cabeza.
La Iglesia católica se ha mantenido como mediadora en la crisis, a pesar de que algunos de sus más altos miembros en el país fueron atacados esta semana por encapuchados afines al gobierno de Ortega en lo que aparentemente fue un recrudecimiento de la represión en Nicaragua desde hace casi tres meses.