El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes la restricción de visas de entradas al país a 100 funcionarios nicaragüenses vinculados con el gobierno del presidente Daniel Ortega por ser “responsables o cómplices” de abusos a los derechos humanos".
En una declaración el Departamento de Estado informó que la medida está basada en que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos”, las prohibiciones se extienden a miembros de la familia inmediata de los señalados.
Un portavoz de la cartera de Estado dijo a la Voz de América que "debido a que los registros de visas son confidenciales según la ley de los Estados Unidos, el Departamento no puede identificar a las personas cuyas visas fueron revocadas en virtud de esta acción".
También lea Defensores de DD.HH. temen ser blanco de ola represiva a la oposición en NicaraguaTras el anuncio el diputado oficialista Wilfredo Navarro, miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional dijo a la VOA: "Si no dan visa o las restringen es una decisión soberana de ellos, como Nicaragua tiene el mismo derecho, a los que les gusta ir a Estados Unidos son los que se van a fregar".
La Asamblea Nacional de Nicaragua está compuesta por 91 diputados, de los que 70 de ellos son del bloque sandinista y el resto está diseminado entre partidos considerados aliados al gobierno.
Las restricciones de visa impactan a miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el sistema judicial nicaragüense, en los que se incluyen fiscales y jueces, agrega la declaración.
En su argumentación la administración del presidente Joe Biden culpa a los funcionarios por el arresto de “26 opositores políticos y actores a favor de la democracia”, entre los que se incluyen seis precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, “activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos”.
La Casa Blanca señala al gobierno de Ortega por la aprobación de “leyes represivas” que coartan la posibilidad de elecciones libres.
* Con información de Jorge Agobián, desde Washington.
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