Las dos más recientes entrevistas que el político opositor nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro había brindado a cadenas internacionales no las pudo ver.
Horas después de denunciar el panorama sociopolítico que vive Nicaragua desde hace tres años -y los recientes arrestos de su hermana, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su primo Juan Sebastián Chamorro-, Pedro Joaquín también fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Durante el operativo irrumpieron en su vivienda a altas horas de la noche, acusándolo de estar siendo investigado por haber violado la “Ley de Soberanía Nacional”.
Este patrón se ha repetido en la veintena de personas detenidas en Nicaragua, todos ellos críticos al presidente sandinista Daniel Ortega. Los arrestos abarcan desde precandidatos presidenciales hasta disidentes sandinistas, analistas políticos y exdiplomáticos.
Julio López, miembro del gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), comenta desde el exilio en Costa Rica que esto ha traído como consecuencia “la imposición de una autocensura” en el país.
Según López “hay temor de hablar y que el próximo detenido seas vos” y agrega que para los reporteros es cada vez más complejo conseguir fuentes que hablen de lo que se vive.
“El encarcelamiento de 26 líderes opositores, incluyendo seis candidatos presidenciales, ha generado autocensura en la población y representantes de varias organizaciones, que por el temor a las represalias han optado por guardar silencio”, dijo.
“Esto indudablemente es un golpe a la libertad de expresión y violenta los artículos 30 y 66 de nuestra Constitución, que nos garantiza el derecho a expresar y difundir nuestras ideas y lógicamente. Esto impacta al periodismo, porque las fuentes se están cerrando y no quieren hablar sobre los temas que son de interés para la ciudadanía”, denuncia López.
Jennifer Ortiz, directora del medio digital Nicaragua Investiga, que recientemente reveló en un amplio reportaje cómo el Estado ha financiado a voceros cercanos al gobierno para sus fines, considera que este panorama de censura se había impuesto de otras formas, tras el retorno al poder de Ortega en 2007.
"Estamos regresando al periodismo de catacumbas", dice la directora del medio digital Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz. Foto cortesía.
Según explica, los periodistas que no están bajo la línea oficial tienen prohibido desde la entrada a conferencias de prensa del Estado hasta entrevistas con los funcionarios estatales.
“La situación del periodismo ha sido difícil, pero particularmente desafiante en las últimas semanas”, comenta Ortiz, quien señala que “se han redoblado esfuerzos para continuar informando”.
El director del medio Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, que también se exilió en Costa Rica por amenazas en su contra, señala que a los críticos de Ortega que no han sido detenidos hasta el momento, “se les ha impuesto casa por cárcel de facto”, es decir sin ningún tipo de orden judicial, ni proceso en su contra con el fin de acallarlos.
“Otras 80 personas en el país, dentro de ellos líderes políticos excarcelados han sido sometidos a un régimen de casa por cárcel de facto. Simplemente la policía los tiene rodeados y no podían salir de su casa. Así estaban (los precandidatos presidenciales) Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, hasta que la Policía decidió llevárselos a la cárcel”, dijo Chamorro en una entrevista al medio costarricense Teletica.
Los periodistas señalan que ante la falta de fuentes han tenido que recurrir a otras vías para informar e intentar burlar la autocensura que se vive en Nicaragua.
Acoso e intimidación
Recientemente la vicepresidente y vocera del gobierno, Rosario Murillo, lanzó serias advertencias contra los reporteros que cuestionan su mandato, acusándolos de "inventar cualquier cosa para sembrar el terror".
"Y nuestro pueblo sabe cómo mienten, nuestro pueblo sabe cómo son de malignos, de hipócritas, de destructores, de criminales, de terroristas, y terroristas de la comunicación también", dijo Murillo.
Periodistas nicaragüenses al salir de la Fiscalía, en Managua, tras ser involucrados en la supuesta investigación de lavado de dinero contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Foto archivo VOA.
Según Julio López, de PCIN, estas amenazas son las que el Gobierno oficializó a través de la Ley de Ciberdelitos que durante su aprobación en 2020 fue catalogada como “Ley Mordaza”, por imponer censura a los periodistas y establecer cárcel a quien se considere que “genera zozobra”.
“La amenaza también es latente hacia los periodistas porque hay una enorme discreción del régimen Ortega-Murillo para determinar qué es una noticia falsa o manipulada. El efecto que busca Ortega es generar temor y esto conduce al silencio de las fuentes y el riesgo de prisión para los periodistas es inminente”, opina el reportero Julio López.
Por su parte, Jennifer Ortiz, enfatiza que por tal razón no hay ningún director de un medio de comunicación independiente que hasta la fecha “no se haya ido a la clandestinidad o cambiado su residencia para evadir un eventual arresto”.
“Estamos de alguna forma regresando al periodismo de catacumbas que tuvieron que ejercer periodistas en el pasado y que era un episodio en nuestra historia que creímos que estaba en el olvido y que solo se pudo ejercer con la dictadura de (Anastasio) Somoza, pero Ortega nos obliga a lo mismo, pero si hay algo claro es que el periodismo no va a callar”, dijo Ortiz a la Voz de América.
“Más allá de que Rosario Murillo haya celebrado que quedan pocos periodistas, lo cierto es que entre más resguardados estemos, más posibilidades tenemos de seguir denunciando la violación de derechos humanos y corrupción que hay en Nicaragua y es lo corresponde a cualquier periodista denunciar”, concluyó la periodista.
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