Faltan mayores presiones por parte de actores internacionales como la Unión Europea (UE) frente a las acciones del Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, contra aspirantes presidenciales, dijeron expertos consultados por la Voz de América.
Las nuevas sanciones impuestas por la UE están destinadas a ocho dirigentes del Gobierno de Ortega, entre los que se incluyen la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. En total, la cifra de sancionados por Bruselas asciende a catorce personas.
¿Cómo impactarán estas nuevas medidas restrictivas a los sancionados?
Edgard Parrales, diplomático y exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), explica a la Voz de América que estas medidas, de carácter individual, están diseñadas “para no afectar al pueblo”.
“En el público en general no tienen ningún impacto, el impacto es en ellos. Hasta cierto punto la primera reacción es como decimos popularmente ‘de arrechura’, de molestia”.
Parrales comenta que los sancionados no podrán entrar ni transitar en el territorio de los 27 países de la Unión Europea. En el caso que tengan activos en el sistema financiero europeo o bienes inmuebles, se les van a congelar. Por otro lado, las empresas y ciudadanos de la UE no podrán poner fondos a su disposición.
El analista explica que algunos dirigentes sancionados han sido destituidos de su cargo y han ocupado el puesto de asesores de Ortega: “Ya tiene como tres asesores presidenciales que son gente sancionada. El exministro de salud, el exministro de educación, el expresidente del Banco Central…”
“Ellos están de todas formas buscando cómo reaccionar, cómo defenderse, como responder a la situación… Pero en el fondo son actitudes defensivas que van cada vez más restrictivas, porque les van acechando el cerco más y más, pero están sobreviviendo, están aguantando y el pueblo está sufriendo”, comenta Parrales.
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SOT Parrales- ex embajador de Nicaragua
Desde Alemania, el abogado y periodista Héctor Mairena explica que las nuevas sanciones consisten en “una expresión más de las presiones de la comunidad internacional hacia el régimen de Ortega para procurar que corrija el rumbo que ha tomado particularmente desde hace tres años”.
Comenta que, a su parecer, el mandatario se ha convertido en “un violador sistemático permanente de los derechos humanos, con unos niveles de represión insoportables, que realmente alcanzan niveles criminales”
Sin embargo, el experto considera que “faltan mayores presiones” por parte de actores internacionales como la Unión Europea. Explica que las sanciones “deben inscribirse en una estrategia que contemple algún tipo de acciones políticas, diplomáticas y económicas”.
Por otra parte, Mairena defiende que el siguiente paso de la Unión Europea debería ser calificar el proceso electoral que vivirá el país en noviembre como “ilegítimo”. “Es un proceso ilegal, porque no hay condiciones de libertad, porque se han proscrito partidos políticos y porque los candidatos están presos”.
Acuerdo de Asociación de la UE-Centroamérica
Como consecuencia a la crisis nicaragüense, algunos eurodiputados han pedido activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la UE-Centroamérica, a través de la cual se suspendería el acuerdo comercial entre ambos territorios.
Los analistas coinciden en que suspender el convenio se trata de una medida que conllevaría “un largo proceso para la UE” y que afectaría directamente a la población nicaragüense.
“Con lo que se gana de esos acuerdos sirve para el presupuesto nacional y la vida corriente del país” (…) “El procedimiento implicaría consulta entre todos los miembros de la Unión Europea, con los países de Centroamérica… puede ser que llegue a término, pero también va a afectar a la población nicaragüense”, comentó Parrales.
Por otro lado, Elektra Lagos, directora de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), con sede en Bruselas, destaca que el tratado comercial contiene “reglas orientadas al respeto de los derechos humanos”.
A su juicio, las primeras medidas para ejercer presión internacional consisten en sanciones individuales, como las impuestas por la UE. Y aunque comenta que en el caso que la situación no mejore se deberían tomar “pasos más extremos”, no se debería finalizar el convenio comercial.
Lagos explica que, al margen de las acciones políticas, la Unión Europea debería priorizar un enfoque humanitario, por lo que uno de los pasos más “inmediatos” pudiera ser la petición de una visita humanitaria al país “para constatar el estado de salud de los presos políticos”.
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Elektra Lagos, directora de RIDH
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