El Parlamento nicaragüense controlado por el oficialismo canceló el miércoles la personería jurídica a 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas que han criticado al gobierno de presidente Daniel Ortega por el manejo del COVID-19, y ordenó que sus bienes pasen a propiedad del Estado.
El argumento de la cancelación es que se encontraban “acéfalas” por haber vencido el plazo de sus juntas directivas, algo que fue negado posteriormente por algunos representantes de la sociedad civil.
Entre las organizaciones canceladas se encuentra el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), fundado en 1990 por el exdirector del Ministerio de Salud Leonel Argüello, quien desde el inicio de la pandemia alertó a la ciudadanía sobre las medidas de prevención por el coronavirus, aún en medio de la negación del gobierno sobre los reportes de “sepelios exprés”.
El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, denunció que las medidas del gobierno representan un “gran golpe en el marco de la libertad de asociaciones científicas” que repercuten en la población.
Mientras tanto, Amaru Ruiz, en representación de una red de organizaciones no gubernamentales, señaló directamente al Ministerio de Gobernación, que regula a las oenegés, de articular una estrategia político-partidaria para clausurar todo tipo de espacios de la sociedad civil.
“Las personas jurídicas no están acéfalas, están sin certificación de sus juntas directivas porque el propio Ministerio de Gobernación no las emite”, denunció Ruiz, quien lamentó que dichas organizaciones cerradas el miércoles desarrollaban proyectos en beneficio de la población con atenciones y prevención de la pandemia.
“Instamos a la población nicaragüense a rechazar la cancelación de personerías jurídicas a estas 24 organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones amenazadas, y a las redes internacionales pedimos condenar y solidarizarse ante el acoso a los organismos no gubernamentales”, dijo Ruiz.
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El cierre de estas 24 oenegés se sumarían a las 10 ya suspendidas por el Parlamento nicaragüense desde diciembre de 2018, entre las que se encuentran organizaciones de derechos humanos.
Durante las últimas semanas, al menos seis médicos han sido citados por el Ministerio de Salud, la entidad que los regula, y se les ha amenazado con cancelarles sus licencias de continuar dando declaraciones a los medios de comunicación sobre la pandemia.
El caso más reciente fue el neumólogo Jorge Miranda, quien aparte de la amenaza de suspensión de la licencia médica, se le advirtió que por sus declaraciones podría incurrir en la Ley Especial de Ciberdelitos, que establece cárcel a quienes “divulguen noticias falsas o que causen zozobra”.
“El viceministro de Salud, Enrique Beteta, me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen, y según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide”, explicó el médico a su salida de la cita el 26 de julio.
El Colectivo de Derechos Humanos Nunca + contabiliza hasta la fecha 34 organizaciones que han sido canceladas bajo procesos que considera arbitrarios, ya que no se les abrió ningún procedimiento administrativo.
“La Asamblea Nacional violenta su propia Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, al cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones al señalarlas con falsas imputaciones delictivas, sin que se les permita el derecho a ser oídos y el derecho a la defensa”, indicó.
“Repudiamos la continuidad de la represión que el régimen Ortega Murillo impulsa contra organismos de la sociedad civil, a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación y el derecho humano a la salud”, añadió la organización.
La suspensión de personerías se da en momentos donde dos importantes organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron un comunicado conjunto en el que piden al gobierno de Nicaragua cesar en el hostigamiento contra el gremio médico del país.
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