La justicia nicaragüense continuó el jueves la ola de arrestos que emprendió desde hace más de dos meses contra opositores, miembros de la sociedad civil, periodistas, empresarios y precandidatos presidenciales.
Esta vez fue detenida en horas de la noche la abogada María Oviedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la última organización de este ámbito que mantiene personería jurídica en el país. Con ella ya son 31 las personas bajo arresto.
Oviedo, quien en 2018 defendió judicialmente a decenas de manifestantes encarcelados por razones políticas, fue detenida por una supuesta investigación en su contra por violar la Ley de Independencia y Soberanía, bajo la cual también ha sido encarcelados la mayoría de los opositores.
“Es un terrorismo de Estado”, denunció la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien trabaja recolectando denuncias sobre la crisis que vive el país en una oficina clandestina, en referencia a las acciones recientes del gobierno del presidente Daniel Ortega.
En declaraciones a la Voz de América, Núñez dijo que “no hay distinción de ninguna clase. Se lleva a la gente con el objeto de aterrorizar a la población. Este es un estado terrorista que está encarcelando a todo mundo”.
La abogada Oviedo fue sacada de la vivienda de su madre en la ciudad de León, a unos 90 kilómetros al norte de Managua, y posteriormente trasladada a una celda de máxima seguridad.
“Es parte de las agresiones que nos tiene sometido el régimen dictatorial de Ortega y toca resistir. Toda la gente tiene diferentes formas de reaccionar. Nuestra invitación es a luchar contra este miedo”, añadió Núñez.
Una ley que no establece penas
Yader Morazán, extrabajador del Poder Judicial de Nicaragua. Foto cortesía.
Por su parte el abogado y extrabajador del Poder Judicial Yader Morazán, hoy exiliado en Estados Unidos, compartió que es absurdo apresar a los defensores legales por ejercer su trabajo profesional.
Por otro lado criticó, que los arrestos se están dando, citando la Ley 1055, o Ley de Soberanía, la cual no establece ninguna sanción penal.
“La única sanción que establece es el no poder optar a cargos de elecciones popular que no es el caso de Oviedo”, expresó Morazán a la VOA.
Agregó que “la ley tampoco establece un proceso que justifique su secuestro, violaciones de domicilio y ocultamientos de audiencias secretas”, como ha sucedido con los más de 30 opositores detenidos.
“Por eso he dicho que esta nueva escalada represiva ni siguiera tiene apariencia de legalidad, a pesar de que ellos han creado un marco jurídico totalmente adverso contra personas que se oponen a las malas prácticas de esta dictadura criminal”, concluyó el jurista.
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