Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, se convertirán esta semana en los primeros dos de los considerados presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva dictada por el Ministerio Público.
La entidad alegó que estaban siendo investigados por supuesto lavado de dinero y desde entonces han permanecido incomunicados de sus familiares y sus abogados defensores.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que lleva el caso de uno de los detenidos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a la Voz de América que lo único seguro sobre el futuro de los detenidos es la incertidumbre ya que los casos no admiten un análisis jurídico legal y se han desarrollado bajo la discrecionalidad y las decisiones del Gobierno de Nicaragua.
“̈Tenemos que partir del hecho de que aquí no hay ley, no hay derecho, que el derecho es la voluntad de la pareja de los dictadores y los monigotes del poder judicial”, explicó Núñez.
Agregó que no puede “dar una respuesta legal y decir lo que procede porque el derecho es la voluntad de ‘ellos’: se está configurando la figura de desaparición forzada. Incertidumbre total”.
Aunque familiares y abogados esperan con ansias que se cumplan los plazos establecidos por el Gobierno, la situación de los presos políticos parece empeorar cada día.
La Policía Nacional también ha iniciado la captura de abogados defensores, como sucedió con Roger Reyes, representante del precandidato presidencial Félix Maradiaga.
Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció los hechos.
“Esto es parte de la represión sistemática que sigue incrementándose y se manifiesta en el secuestro masivo de personas de la oposición sin motivos, sin orden de captura y sin cargos en su contra”.
Junto a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se espera que a inicios de la próxima semana sea Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de esta organización, la que cumpla el plazo de casa por cárcel establecido para la investigación en su contra.
El Estado deberá informar en qué condición permanecen estas personas que siguen privadas de libertad.
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