La política contra el COVID-19 del gobierno holandés sufrió un duro golpe el martes cuando un juez ordenó que se levantara inmediatamente el toque de queda que impuso, diciendo que la administración abusó de sus poderes de emergencia, un fallo que fue apelado de inmediato.
El primer ministro Mark Rutte impuso el toque de queda en enero en un esfuerzo por frenar la propagación del COVID-19. El toque de queda -que permite que solo las personas con una necesidad urgente estén al aire libre entre las 9:00 p.m. y las 4:30 a.m.- fue el primero en la nación desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba programado para finalizar el 9 de febrero, pero se extendió la semana pasada hasta al menos el 3 de marzo.
La medida generó varios días de protestas, a veces violentas, cuando se implementó por primera vez. Un grupo que encabezó varias de esas protestas, Viruswaarheid (“La Verdad del Virus”), presentó el caso sobre el que el tribunal falló el martes.
En una conferencia de prensa posterior al fallo, Rutte defendió el toque de queda y dijo que estaba diseñado para controlar el virus. El mandatario sostuvo que, si bien quiere que las personas tengan sus libertades, también quiere que estén a salvo. Instó a la gente a seguir obedeciendo el toque de queda, tanto si la apelación del gobierno tiene éxito como si no.
The Associated Press informó que una audiencia celebrada el martes para considerar una solicitud del gobierno para permitir que continúe el toque de queda, pendiente de la apelación, se detuvo después de unos minutos cuando un miembro de Viruswaarheid acusó al juez que preside el caso de parcialidad. La apelación completa se considerará el viernes