Organizaciones no gubernamentales y juristas venezolanos denunciaron de antidemocrática la ley habilitante que desde diciembre pasado está vigente en Venezuela, durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Según la denuncia, la ley habilitante que otorgó poderes al presidente Hugo Chávez para gobernar por decreto durante año y medio no sólo constituye una grave violación de los derechos humanos y la Constitución de Venezuela sino también de la Carta Democrática Interamericana.
Uno de los demandantes, Hector Faundez Ledesma, de la organización no gubernamental Consorcio Desarrollo y Justicia, destacó que la ley habilitante autoriza a Chávez a dictar normas que restringen el ejercicio de los derechos humanos.
Entre los argumentos expuestos por los demandantes están los de que se trata de imponer por la vía de la “perversión legislativa” un nuevo régimen político en Venezuela en el que se acentúan los poderes en manos del presidente en contra de lo previsto incluso por la Constitución de 1999.
Denunciaron que además de atentar contra los derechos humanos, las 45 leyes decretadas por Chávez en virtud de la hablitante, entre otras cosas, atentan contra la libertad de expresión y tratan de sofocar todo foco de disidencia.
También señalaron que en adición a la habilitante hay otras manifestaciones de degradación de la funciones parlamentarias en el país como el aprobado reglamento de la Asamblea Nacional que reduce el derecho de palabra de los diputados e incluso los sanciona por hacer causa común con otro partido político.
Carlos Ayala, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, resaltó que se sienta un precedente gravísimo para todo el hemisferio cuando se le permite al presidente Chávez dictar leyes penales y hasta tipificar delitos por decreto.
Como contraparte, en representación del estado venezolano, la CIDH escuchó también los argumentos del diputado oficialista Carlos Escarrá quien calificó de mentiras las denuncias contra el gobierno de Chávez y dijo que las leyes promulgadas gracias a la habilitante no fueron 45 sino sólo 22.
Escarrá alegó que en gobiernos anteriores en Venezuela, como los de Jaime Lusinchi y Rafael Caldera, también se promulgaron leyes por decreto y dijo que por el contrario de lo que se dice, las decretadas por Chávez sí fueron sometidas “a consulta pública”.
El diputado dijo que quienes critican al presidente Chávez no aceptan que en Venezuela se pasó de “una democracia representativa a una protagónica y participativa (…) y de una visión egocentrista a una colectiva de los derechos humanos”.
La jurista y comisionada Dinah Shelton, que presidió la audiencia de la CIDH, declaró que le confundía un poco compaginar la noción de democracia defendida por el diputado venezolano con la idea de un poder ejecutivo tan sumamente fuerte.