La propuesta está incluida dentro de un informe sobre el décimo aniversario de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, cuya aprobación provocó un vehemente debate entre el secretario general, José Miguel Insulza, y Venezuela, secundado por Bolivia y Nicaragua.
El informe recomienda la creación de ese "Relator Especial" o "Alto Comisionado" que estaría supeditado o sería independiente de la secretaría general de la OEA, con la misión de hacer un "seguimiento sistematizado e informado de los procesos políticos de cada país".
Otra de sus misiones sería generar "espacios de diálogo" con "criterio de prevención", misión en la que también reconocieron la necesidad de "apoyar un papel más dinámico, proactivo y flexible del Secretario General”.
La aprobación por consenso del informe, fruto de deliberaciones recogidas durante cinco reuniones y encomendada en junio por la Asamblea General, estuvo a punto de descarrilarse pues Estados Unidos, Canadá y el secretario general de la OEA José Miguel Insulza objetaron la introducción de la figura de "participación del pueblo en la gestión pública" en el documento, por lo que las delegaciones necesitaron negociar a puertas cerradas durante tres horas hasta acordar una redacción.
Tras la negociación, el texto aprobado señala que "algunos estados destacaron la importancia de la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública a través de las vías institucionales respectivas".