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Representantes de la sociedad civil y periodistas mexicanos hicieron un dramático llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ante la desesperada situación que dicen estar viviendo debido al crimen en su país.
El grupo asegura que aunque existen acciones de parte del gobierno de Felipe Calderón, la respuesta institucional no es suficiente para detener la violencia en México.
El estado mexicano asegura ser consciente de la responsabilidad que pesa sobre ellos, pero aseguran que el problema de derechos humanos es tan grave que incluso supera su capacidad humana y financiera para controlarlo.
"El estado mexicano acude aquí con respeto al dolor que embarga a los representantes de las víctimas", aseguró Juan Manuel Gómez Robledo, representante de la Cancillería mexicana.
Además de las desapariciones forzadas y los crímenes contra inmigrantes, hay una amenaza directa a la democracia del país con cada ataque a la libertad de expresión, que no sólo proviene de sectores al margen de la ley, sino que en ocasiones es generado por agentes estatales.
"Desde febrero de 2010 han sido asesinados 15 periodistas y unas 130 agresiones han sido registradas solo este año (2011)", dijo Cynthia Cárdenas, peticionaria ante la CIDH.
Según los peticionarios esto, en parte, sustenta la queja formal que interpusieron ante la CIDH contra el gobierno de su país, por el incumplimiento de recomendaciones emanadas por organismos como la ONU para crear mecanismos efectivos de protección al ejercicio del periodismo.
Entre otros requerimientos, la CIDH pidió al estado mexicano medidas específicas para atender a las víctimas de acuerdo con el tipo de delito del que fueron objeto.