El secretario general del organismo, José Miguel Insulza, se mostró satisfecho por la creciente participación de los países de la región.
Como satisfactorio y creciente, calificó el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el interés de los países de la región en la lucha contra la corrupción.
El funcionario acudió a la inauguración de la XX Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC).
Allí, resaltó que esa convención “continúa ayudando a nuestros países a fortalecer sus marcos jurídicos-institucionales para enfrentar con mayor eficacia la corrupción, al formularles recomendaciones concretas para que puedan beneficiarse de las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, para prevenir, detectar, sancionar y erradicar este flagelo, mediante su adecuada implementación”.
Insulza señaló que el MESICIC ha avanzado notoriamente en la detección de sobornos disfrazados como gastos legítimos que se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios; la responsabilidad penal a las empresas que sobornen, tanto a funcionarios nacionales como extranjeros; el establecimiento de exigencias contables que impidan la constitución de “empresas de fachada” cuya finalidad es cometer actos de corrupción; y evitar que el “secreto profesional” sea un obstáculo para denunciar actos de corrupción.
El jefe del organismo hemisférico recordó que durante los meses de marzo y abril de 2012, Brasil, El Salvador, México, Bolivia y Paraguay fueron visitados por miembros del Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA; instancia en la cual se sostuvieron reuniones con “más de 30 instituciones públicas” de los cinco Estados mencionados, y que “más de 90 funcionarios públicos” de alto rango fueron entrevistados.
Durante las sesiones de la reunión del comité de expertos se analiza la cooperación recíproca entre el MESICIC y la Alianza para los Gobiernos Abiertos (OGP), una iniciativa multilateral promovida inicialmente por Estados Unidos y Brasil -a la que se han sumado muchos estados de la región- que busca propiciar compromisos concretos de los gobiernos, con la participación de la sociedad civil para aumentar la transparencia y el acceso a la información.
El funcionario acudió a la inauguración de la XX Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC).
Allí, resaltó que esa convención “continúa ayudando a nuestros países a fortalecer sus marcos jurídicos-institucionales para enfrentar con mayor eficacia la corrupción, al formularles recomendaciones concretas para que puedan beneficiarse de las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, para prevenir, detectar, sancionar y erradicar este flagelo, mediante su adecuada implementación”.
Insulza señaló que el MESICIC ha avanzado notoriamente en la detección de sobornos disfrazados como gastos legítimos que se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios; la responsabilidad penal a las empresas que sobornen, tanto a funcionarios nacionales como extranjeros; el establecimiento de exigencias contables que impidan la constitución de “empresas de fachada” cuya finalidad es cometer actos de corrupción; y evitar que el “secreto profesional” sea un obstáculo para denunciar actos de corrupción.
El jefe del organismo hemisférico recordó que durante los meses de marzo y abril de 2012, Brasil, El Salvador, México, Bolivia y Paraguay fueron visitados por miembros del Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA; instancia en la cual se sostuvieron reuniones con “más de 30 instituciones públicas” de los cinco Estados mencionados, y que “más de 90 funcionarios públicos” de alto rango fueron entrevistados.
Durante las sesiones de la reunión del comité de expertos se analiza la cooperación recíproca entre el MESICIC y la Alianza para los Gobiernos Abiertos (OGP), una iniciativa multilateral promovida inicialmente por Estados Unidos y Brasil -a la que se han sumado muchos estados de la región- que busca propiciar compromisos concretos de los gobiernos, con la participación de la sociedad civil para aumentar la transparencia y el acceso a la información.