La Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre la crisis de gobernabilidad en Perú, sugiriendo que el Tribunal Constitucional de la nación andina debe dar su opinión sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas en las últimas horas.
El lunes, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, dominado por la oposición, y éste le respondió suspendiéndolo por un año por incapacidad moral, y nombrando en su reemplazo a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
También lea Lucha por el poder en Perú: ¿Quién es Mercedes Aráoz?En un comunicado la OEA, indica que también le compete al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo.
También lea Presidente depuesto de Perú recibe apoyo del ejército y la policíaLa OEA califica como "un paso constructivo" que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Agrega que: "Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas".
El presidente depuesto, Martín Vizcarra, ha convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021 cuando junto a Vizcarra entregarán el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.
La OEA exhorta a las partes a realizar gestos que propicien la calma ante la crisis. Considera "prioritario" que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura.
El comunicado de la OEA indica que el organismo regional está a "disposición de los actores políticos peruanos en caso decidan requerir apoyo para soluciones acorde al Estado de derecho y el orden constitucional del país".
Amplio respaldo a Vizcarra
Entretanto en Perú, decenas de peruanos comenzaron a apostarse detrás de las rejas para apoyar por segundo día la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Otros miles salieron la víspera a celebrar el “cierre del nido de las ratas”, en referencia al desprestigiado Parlamento unicameral, mientras las fuerzas armadas y policiales junto a la Asamblea de Gobiernos Regionales le mostraron su respaldo.
Por el contrario, Aráoz no recibió apoyo de ninguna institución pública salvo del Parlamento luego de que fuera disuelto, por lo que sus decisiones no tienen ningún valor, dijo a The Associated Press César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Las decisiones parlamentarias son “como los frutos de un árbol que ya están podridos”, añadió.
Sin embargo, otros abogados consideraron que Vizcarra realizó un mal manejo político de la situación. “El presidente ha traspasado todos los límites, se ha ido más allá de lo debido”, dijo Raúl Ferrero, quien era senador cuando en 1992 el Congreso fue disuelto por el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el más reciente episodio de este tipo en la historia peruana.
Seguidores del presidente peruano Martín Vizcarra celebran afuera del edificio del Congreso después que el mandatario anunció el lunes la disolución del parlamento, que haciendo caso omiso a su decisión, después lo depuso y nombró un reemplazo. Foto Reuters/Guadalupe Pardo. Sept. 30 de 2019.
El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, admitió en una conferencia con la prensa internacional que “por el momento” era presidente de la Comisión Permanente, el órgano de casi 30 parlamentarios que sobrevive tras la disolución y únicamente acumula los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020.
Poco antes dijo a la colombiana Blu Radio que Vizcarra había dado “un golpe de Estado” y admitió que será un “tema legal, largo, tedioso y delicado” definir quién es el presidente de Perú.
Precisamente el Tribunal Constitucional, conformado por siete magistrados y clave en el manejo del poder, fue el centro de la disputa que desencadenó la disolución del Parlamento. Vizcarra buscaba que el Congreso escogiera a seis integrantes pero añadiendo rigurosos filtros para su elección, pero el Parlamento hizo caso omiso al pedido y eligió a uno de ellos. Esa actitud provocó el cierre del Legislativo.
El máximo órgano judicial en asuntos constitucionales debe definir pronto la liberación o permanencia en prisión de Keiko Fujimori, líder del partido que dirigía el Parlamento y que está detenida mientras es investigada por supuestamente haber recibido dinero sucio de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que fue derrotada.
También lea Perú: allanan casas excandidata presidencial Keiko FujimoriEl Tribunal también debe decidir si la fiscalía puede investigar a más de dos decenas de congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. Su nueva composición se convirtió en el epicentro de la batalla entre el gobierno de Vizcarra, que lanzó una cruzada anticorrupción en 2018, y el Parlamento cuyos integrantes necesitaban tener magistrados afines a sus intereses.
Se espera que Vizcarra y su nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, nombren pronto a su gabinete y una de las expectativas más grandes es conocer quién será el nuevo ministro de Economía.
Jorge González, profesor de política económica de la Universidad del Pacífico y exministro del expresidente Fujimori, dijo a la radio local RPP que la inestabilidad institucional genera incertidumbre, la cual afecta normalmente dos variables importantes para la economía local: el comportamiento de la inversión privada y el consumo privado, que suman el 80% de la economía peruana.
Agregó que el presidente Vizcarra debe elegir a un ministro que despierte confianza en los mercados nacionales y e internacionales. El poderoso gremio empresarial peruano CONFIEP, cuya presidenta es afín a la oposición parlamentaria, rechazó la decisión de Vizcarra y lo acusó de haber “sumergido al país en una grave incertidumbre”.
Policías peruanos resguardan el edificio del Congreso, el lunes 30 de septiembre de 2019. Reuters/Guadalupe Pardo.
Unos 300 policías mantenían rodeado el Parlamento y el general policial Jorge Lam dijo a la prensa que sólo estaban autorizados a ingresar al edificio los miembros de la Comisión Permanente. Dos legisladores opositores, Gilbert Violeta y Carlos Tubino, afirmaron a la prensa que habían recibido agresiones físicas por parte de simpatizantes del gobierno de Vizcarra.
Otros dos legisladores opositores, Víctor García y Roberto Vieira, intentaban viajar a Estados Unidos alegando motivos familiares. García dijo a la prensa que regresará en dos días.
En 1992, además de disolver el Parlamento, Fujimori también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y televisoras.
Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está sentenciado por corrupción.
"Los peruanos no derramarán muchas lágrimas", dijo Steven Levitsky, un politólogo de la Universidad de Harvard que ha estudiado extensamente a la nación, en referencia al disuelto Congreso. “Por ahora la democracia es probablemente segura porque todo el mundo es débil”, añadió. "Eso garantiza cierto pluralismo, pero deja a Perú vulnerable a un político demagógico”.