La organización Save The Children en Guatemala dijo en un comunicado que no hay pruebas que respalden ninguna acusación de conducta indebida de sus oficinas en el país centroamericano, luego de que la fiscalía allanara su sede buscando pruebas de supuestos abusos.
“Nos han impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público en Guatemala”, dijo la organización en un comunicado de prensa la noche del jueves y agregó que no conoce ninguna acusación específica en su contra.
“Defendemos los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantizamos que sobrevivan, aprendan y estén protegidos ante cualquier daño en más de 100 países en todo el mundo”, dijo la entidad que ha trabajado por casi 50 años en el país centroamericano.
La fiscalía cree que las organizaciones no gubernamentales Save The Childre, Changing The Way We Care, Fondo Mundial para la Infancia, Arise y La Unión del Pueblo Entero, podrían "estar participando en operaciones de tráfico de niños”.
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Polémica por allanamiento a Save The Children
Según el jefe de la Fiscalía Especial Contra al Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche la denuncia es “transnacional y de gran trascendencia” porque involucra los derechos de la niñez.
La fiscalía no respondió a una solicitud de The Associated Press sobre quién presentó la denuncia, si hay alguien implicado directamente cuáles son los hechos específicos denunciados contra las organizaciones. A través de la dirección de comunicación de la fiscalía el viernes se informó que “por temas de niñez y adolescencia, tiene una reserva legal que no permite ahondar en detalles”.
Todo comenzó la semana pasada cuando una activista contra el gobierno del presidente Joe Biden, de nombre Sara Carter y que se identifica como reportera de investigación, entrevistó y publicó un vídeo del secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, donde éste anunció una denuncia contra varias organizaciones de ayuda humanitaria en Guatemala y sobre una solicitud hecha a Ken Paxton, la fiscal general de Texas, para que se sumara a la investigación.
Carter fue la misma persona que el jueves anunció en su red social X, antes Twitter, que había un allanamiento cuando ni la policía ni la fiscalía habían entrado a las oficinas. Casi una hora más tarde la fiscalía confirmó el operativo.
El gobierno guatemalteco confirmó que la fiscalía envió la misiva a Paxton sin pasar por los protocolos diplomáticos necesarios para una colaboración internacional.
Curruchiche y Pineda han sido señalados por intentar socavar la democracia del país, así como obstaculizar la lucha anticorrupción, lo que les ha valido que más de 40 países los sancionen y les prohíban ingresar a sus territorios, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea.
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