La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló el lunes que el régimen de excepción impuesto en El Salvador, en respuesta al aumento de asesinatos por parte de pandillas, ha supuesto un aumento del riesgo de detención arbitraria.
Bachelet, quien informó el lunes que no buscará un nuevo mandato de cuatro años durante la apertura de la sesión del Consejo de DDHH en Ginebra, Suiza, también señaló que la serie de reformas a la legislación penal y procesal penal -realizadas en el marco del régimen- “incrementan la posibilidad de que los detenidos sean torturados”.
Desde la adopción del estado de excepción, el pasado 27 de marzo pasado, se han desplegado fuerzas policiales y militares en las calles de San Salvador y se ha capturado según la policía más de 40.000 personas.
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El Salvador amplía régimen de excepción
De acuerdo con un informe de la ONU, para realizar las capturas se ha recurrido a un uso innecesario y excesivo de la fuerza.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía internacional (AI) han denunciado casos de “tortura” y “muertes” de detenidos bajo la tutela del Estado.
AI dijo recientemente que en las últimas semanas, su equipo de respuesta a crisis de documentó 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y ex funcionarios de justicia, y líderes comunitarios.
Autoridades niegan capturas arbitrarias
El titular del Ministerio Público, René Escobar, negó el lunes que existan “detenciones arbitrarias” realizadas durante el régimen de excepción vigente.
Escobar, dijo el lunes al programa de noticias local Frente a Frente, haber sostenido encuentros con organizaciones que alegan “detenciones arbitrarias”, sin embargo, ninguna ha comprobado que se haya realizado alguna para “hacer una investigación exhaustiva”.
Pese a que el Congreso ha realizado una serie de modificaciones del derecho penal para la vigencia del estado de excepción, entre ellas eliminar el derecho a la defensa de los detenidos durante este periodo, el funcionario afirmó que la cartera que representa ha puesto a disposición 265 abogados para que brinden defensa a los que capturados que así los soliciten.
“A todas las personas que han sido capturadas o les están procesando por algún delito, tienen asistencia por parte de la Procuraduría General de la República, a menos que ellos deseen tener una defensa privada”, aseguró.
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