Un juzgado salvadoreño ordenó la detención provisional de altos mandos de las fuerzas armadas en retiro a los que se les atribuye haber participado en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 mientras cubrían la guerra civil de la nación centroamericana.
El general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda, están entre los militares cuya captura ha sido ordenada, informó a The Associated Press la Fundación Comunicándonos, que representa en el país a las familias de las víctimas.
Ni la Policía Nacional Civil, encargada de cumplir la orden del juzgado, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de captura ni si alguna se ha concretado ya. La AP intentó contactar a ambos organismos, pero no habían respondido por el momento.
En marzo familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron al El Salvador que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, el cual fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, que concluyó en enero de 1992.
También lea El Salvador: ponen en entredicho cercos militares en medio de régimen de excepciónEste crimen, como tantos otros perpetrados durante la guerra civil, no fue investigado y los culpables nunca fueron procesados debido a una Ley de Amnistía General promulgada en el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) pocos días después de darse a conocer el informe de la Comisión de la ONU, la cual calificó el asesinato de los periodistas como un crimen de lesa humanidad.
La resolución es de la jueza María Mercedes Argüello del departamento de Chalatenango, donde se notifica la orden de detención el 13 de octubre.
El coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, también está mencionado. Él reside en Estados Unidos y será sometido a un proceso de extradición.
La resolución incluye al general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas, fallecido el 29 de junio de 2020, y al sargento Mario Canizales, quien también ya murió. Supuestamente Canizales dirigía la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los periodistas.
Flores Lima era uno de los militares procesados por la masacre de El Mozote, en el que soldados asesinaron a casi un millar de campesinos en 1981.
A Morán y Reyes Mena, al igual que a Canizales, se les señala como autores inmediatos del delito, mientras que a García y Flores Lima se les menciona por el delito de omisión.
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Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, señaló que la fundación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General en marzo de 2018 para que se investigara el asesinato. En respuesta, agregó, la Fiscalía judicializó el caso y envió el expediente a un juzgado del municipio de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, donde en 1982 “se abrió el caso, pero sin acusar a nadie”.
En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.
Días antes del asesinato, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los reporteros a su cuartel para interrogarlos tras enterarse de que habían estado en contacto con guerrilleros.
El “Estado no cumplió con la obligación de investigar, procesar y sancionar a las personas culpables, como es su deber de acuerdo con el derecho internacional”, señaló la Comisión de la ONU en el texto.
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