La justicia panameña ordenó el jueves la detención del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por un caso de blanqueo de capitales, y declaró al exmandatario en riesgo de fuga, tras haberse refugiado hace poco más de dos semanas en la embajada de Nicaragua en Panamá.
La jueza del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, admitió la solicitud de modificación de medida cautelar instaurada por el fiscal Emeldo Márquez Pittí, y ordenó la detención preventiva del expresidente Martinelli dentro del proceso por el caso New Business.
El tribunal consideró que existen suficientes elementos que fundamentan la aplicación de la medida cautelar.
La decisión analizó y ponderó la gravedad del delito imputado, el riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte.
Se concluye que la detención preventiva en contra del expresidente condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad.
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Campaña electoral desde la embajada de Nicaragua en Panamá crea tensiones
El exmandatario, empresario de 71 años que gobernó el país centroamericano entre 2009-2014, se encuentra refugiado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en Panamá, luego de que el gobierno de Daniel Ortega le otorgara asilo político.
No puede salir de la sede diplomática pues la Cancillería panameña le negó un salvoconducto que le permitiera salir del país con destino a Nicaragua.
Martinelli fue condenado en julio del año pasado a 10 años de prisión y al pago de 19 millones de dólares en el llamado caso New Bussiness, relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010, lo que complicó sus aspiraciones de buscar un segundo mandato en las elecciones generales del próximo 5 de mayo.
Martinelli es candidato a la presidencia de la República en Panamá por el partido Realizando Metas, pero su postulación está pendiente de un eventual proceso de inhabilitación.
La Constitución de Panamá recoge en su artículo 180 que no podrá ser elegidos para presidente ni vicepresidente quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal de justicia.
Pero el Tribunal Electoral panameño ha afirmado en varias oportunidades que está a la espera de la notificación en firme de la sentencia del expresidente para tomar las acciones y, en su caso, iniciar el proceso que inhabilite su candidatura.
[Con la colaboración de la periodista Milagro Vallecillos, desde Panamá, e información de AP]
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