Ecuador: Organizaciones denuncian que los avances en DDHH "se quedan en el papel"

Organizaciones de la sociedad civil afirman que, aunque existen avances, las políticas públicas en materia de derechos humanos en Ecuador no son aplicadas y hacen especial énfasis en la necesidad de garantías para las mujeres, periodistas, privados de la libertad, desparecidos e integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Esta conclusión se da tras la realización del denominado Examen Periódico Universal (EPU), por parte de las Naciones Unidas (ONU) este lunes, en el que miembros del organismo internacional dieron por cuarta vez diferentes recomendaciones sobre el estado de los derechos humanos en el país sudamericano.

"Es evidente que el país ha reportado avances, pero que esos avances son más que nada, normativos, avances que se quedan en el papel, que no se traducen en la protección y garantía y promoción de los derechos humanos de forma real", afirmó César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios, en una rueda de prensa virtual.

Opinión que comparte Danilo Manzano, de la organización Diálogo Diverso, quien enfatizó en que se debe trabajar "no solo" en la creación de políticas publicas, sino además en "acciones más tangibles".

Las principales recomendaciones de las delegaciones de 70 países se centraron en reducir la violencia y las muertes en las prisiones, defender el acceso a la educación de los niños y los discapacitados, garantizar los derechos de los grupos vulnerables (incluidos los pueblos indígenas), mejorar los derechos de las mujeres y las niñas y erradicar la violencia contra ellas, proteger a los defensores de los derechos humanos y periodistas, garantizar su libertad frente a represalias, y erradicar el trabajo infantil.

Mujeres y privados de la libertad

Las organizaciones hicieron un balance sobre estas recomendaciones e insistieron en que el Estado ecuatoriano refuerce las capacidades técnicas de su personal, otorgue recursos humanos y económicos para el tratamiento de los derechos humanos, y preste información oficial necesaria al respecto, según explicó Gloria Ardaya, consultora e investigadora social.

Así mismo, señaló que la violencia de género fue un tema recurrente en el país; de las 53 recomendaciones que se hicieron al respecto, destacó la ausencia de equidad de género, la violencia machista, la necesidad de trabar sobre el embarazo no deseado y todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

Por su parte, María Amelia Espinosa, de la Fundación IR, dijo que sobre los derechos de los privados de libertad, las recomendaciones se centraron "en adoptar medidas eficientes y eficaces para reducir la violencia en las prisiones, tomar medidas que reduzcan el hacinamiento en el sistema penitenciario y adoptar acciones de políticas públicas que tengan un enfoque rehabilitador y que garanticen la reinserción social de las personas privadas de la libertad, una vez cumplan su condena".

No obstante, Espinosa enfatizó que no se ha implementado efectivamente el sistema nacional de personas privadas de la libertad.

Periodistas, comunidad LGTBIQ+ y desaparecidos

Otro de los puntos que sigue siendo un motivo de preocupación de la comunidad internacional es la libertad de expresión. Según Ricaurte, la principal recomendación estuvo centrada en la presentación de un mecanismo de protección generalizado para defensores de derechos humanos y, dentro de este, uno particularizado para periodistas.

A este propósito, el director de Fundamedios expresó su preocupación sobre un supuesto avance de este mecanismo, presentado por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, dijo Ricaurte, "eso no ha sucedido. Más bien, la gran deuda pendiente ha sido... la falta de protección al ejercicio periodístico" y la inactividad de un comité que trate el tema.

Progresos de la comunidad LGTBQ

En cuanto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Danilo Manzano reconoció el esfuerzo del Gobierno en temas de derechos de esta población, pero señaló que las observaciones se centran en la lucha contra centros de tortura, las garantías en la promoción y protección de esta población, la necesidad de incrementar esfuerzos para "precautelar los derechos de la niñez intersexual" y la solicitud "del acceso a la justicia" de esta población, en especial los transgénero.

Por su parte, Pamela Chiriboga, asesora de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), mostró su molestia debido a que ni el gobierno ecuatoriano ni la comunidad internacional hicieron mención a las personas de esta comunidad desaparecidas en Ecuador, a pesar de que, según ella, desde el 2017 se viene hablando de esta problemática.

Presentación del informe

La delegación del Ecuador, encabezada por el canciller, Juan Carlos Holguín, presentó los avances en la materia, este lunes, en Ginebra. “Nuestro país ha ratificado los 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos y adecúa sus normas y su actuación a esos principios”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

También informó sobre los logros de su país frente a la lucha contra la trata de personas, los derechos de las personas refugiadas y desplazadas, particularmente venezolanos, y las acciones frente a la pandemia, resaltando la vacunación de 9 millones de personas contra el COVID-19 en 100 días, incluidos indígenas.

Holguín también se refirió a las estructuras criminales transnacionales que operan desde los centros penitenciarios: “Se realiza en este momento el primer censo penitenciario, y esto nos permitirá contar con información sociodemográfica de las personas privadas de libertad. Al mismo tiempo tendremos un registro digital para garantizar derechos y tener información real”, precisó.

Por su parte, la ministra de Educación, María Brown, dijo que Ecuador incrementó el presupuesto de 8.100 a 13.000 millones de dólares para temas sociales.

La secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, se refirió a los programas del Gobierno ecuatoriano enfocados en erradicar la violencia hacia la mujer como el registro único de violencia, la atención psicológica y la asesoría legal, y a la restructuración del sistema carcelario.

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