Una misión de organizaciones internacionales de prensa se mostró preocupada el miércoles por la situación en la que los periodistas y comunicadores ejercen su labor en Guatemala y llamó a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión necesaria para garantizar la democracia y legitimidad del proceso electoral en marcha en el país centroamericano.
La misión visitó el país luego del cierre a inicios de semana del matutino elPeriódico, el cual atribuyó esa medida a presiones políticas y económicas luego del encarcelamiento de su fundador José Rubén Zamora, acusado por la fiscalía de presunto lavado de dinero. También tiene lugar en medio de una investigación a nueve periodistas y columnistas por sus publicaciones hechas en ese medio, así como de denuncias de agresiones, amenazas, hostigamientos a otros miembros de la prensa, especialmente a los que laboran en comunidades.
“La conclusión a la que llegamos es extremadamente preocupante no sólo para el derecho de periodistas y comunicadoras de informar, sino principalmente para el derecho de la ciudadanía a estar informada para tomar decisiones de manera libre y consciente”, dijeron las organizaciones en un comunicado.
Las organizaciones que realizaron la misión son Reporteros Sin Fronteras, Fundación para la libertad de prensa, el Comité para la protección de periodistas, Free Press Unlimited, Fundamedios, IFEX-ALC, Freedom House, Voces del Sur y Artículo 19.
“Este sistema represivo elige objetivos estratégicos para enviar un mensaje intimidatorio a la prensa en general; atreverse a denunciar la corrupción y la impunidad incrustada en el Estado guatemalteco bastó para desencadenar la persecución”, agregaron las organizaciones sobre el caso de elPeriódico.
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Cierra el diario "elPeriódico" y continúa juicio contra su director en Guatemala
Las organizaciones resaltaron que en Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. “Las amenazas que enfrenta la prensa son históricas”, afirmaron.
“Existe un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones y sostener la corrupción y la impunidad en el país”, añadieron.
Las organizaciones pidieron a la comunidad internacional estar atenta a lo que sucede en Guatemala. Dijeron que a pesar de solicitar reuniones con el gobierno, no hubo respuesta. Tampoco hubo de inmediato una reacción oficial a los planteamientos de esas organizaciones de prensa.
Las organizaciones también reclamaron la falta de instituciones que protejan a los periodistas y mencionó la falta de acción por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos que, afirman, incumple su mandato.
“Mientras el Estado es inoperante para investigar las agresiones contra la prensa y proteger a las personas periodistas, es ágil para acusarlas y criminalizarlas”, señalaron.
Según la misión, el “acoso” a la prensa en Guatemala se inició durante el entonces gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero que se agravó —afirman— durante la actual administración de Alejandro Giammattei. Refieren que unos 20 periodistas se han exiliado en tiempos recientes debido a amenazas.
También lea ¿Qué obstáculos ha sorteado el periodista encarcelado en Guatemala José Rubén Zamora?Mientras tanto, el miércoles estaba previsto que iniciase el juicio contra cuatro agentes de policía que golpearon y detuvieron a la periodista comunitaria Norma Sancir, pero uno de los policías que está en libertad no se presentó por lo que el proceso fue suspendido.
Sobre el proceso electoral que vive el país, las organizaciones reclamaron lo que consideraron la falta de acceso a fuentes, así como la falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral, que prohibió a funcionarios hablar con la prensa.
Países como Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado preocupación por lo que ven como un deterioro del estado de derecho en el país y que según dicen alcanza a otros sectores además de la prensa. Durante la administración de Giammattei por lo menos 35 operadores de justicia, entre abogados, jueces y fiscales, se han exiliado denunciando criminalización por parte de la fiscal general Consuelo Porras, cercana al mandatario.
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