De acuerdo a información proporcionada por el hospital público del departamento de Curuguaty, son más de 80 los heridos entre policías y campesinos.
Ocho campesinos y siete policías murieron durante una balacera registrada este viernes por causa del desalojo de 150 personas que habitan en una reserva forestal, ubicada en un predio que pertenece al empresario Blas Riquelme, en el distrito de Curuguaty, al noroeste de Asunción, Paraguay.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dio la orden a las fuerzas armadas y a la policía para realizar el operativo en la región luego de ser invadido por familias de campesinos, de los cuales 10 perdieron la vida.
Durante la balacera siete uniformados murieron y 20 policías resultaron heridos. Uno de ellos fue el comisario Erben Lovera, hermano del jefe de seguridad militar del mandatario, coronel Alcides Lovera, por lo que Lugo ordenó suspender de inmediato las actividades.
Walter Gómez, jefe de Investigaciones de Canindeyú, Paraguay aseguró a los medios de su país, que los campesinos tienen armas de alto calibre y que algunos saben manejarlas muy bien.
Por su parte, José Rodríguez, asesor de los campesinos afirmó, que los hombres que se resistieron el ataque de los policías no tienen entrenamiento militar y sólo tienen rifles calibre 22 mm.
"Lugo no puede solucionar un problema social grave: la recuperación de tierras estatales adquiridas décadas atrás por personas no sujetas a la reforma agraria, y será peor porque el pueblo pobre necesita un pedazo de tierra", señaló Rodríguez a la agencia de noticias AP.
Después del incidente, el presidente Lugo manifestó su solidaridad hacia las víctimas de los oficiales, en un discurso y reiteró su respaldo a las fuerzas militares paraguayas que “defienden y preservan la ley”.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, aseguró que los ocupantes son campesinos de diferentes organizaciones, incluso algunos conocidos de desalojos anteriores, y descartó la existencia de la guerrilla de paraguaya en el lugar de los hechos.
Asimismo, Héctor Cristaldo, presidente de la patronal Coordinadora Agrícola del Paraguay, afirmó que el gobierno tiene culpabilidad en la situación ya que en años anteriores a los campesinos que han invadido diferentes terrenos del país, les brindó vivienda bajo carpas, asistencia médica, escuelas móviles y alimentos.
En su mandato, Lugo no ha podido garantizar un hogar las 87.000 familias campesinas pobres, en el marco de la reforma agraria por falta de presupuesto para adquirir predios privados.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dio la orden a las fuerzas armadas y a la policía para realizar el operativo en la región luego de ser invadido por familias de campesinos, de los cuales 10 perdieron la vida.
Durante la balacera siete uniformados murieron y 20 policías resultaron heridos. Uno de ellos fue el comisario Erben Lovera, hermano del jefe de seguridad militar del mandatario, coronel Alcides Lovera, por lo que Lugo ordenó suspender de inmediato las actividades.
Walter Gómez, jefe de Investigaciones de Canindeyú, Paraguay aseguró a los medios de su país, que los campesinos tienen armas de alto calibre y que algunos saben manejarlas muy bien.
Por su parte, José Rodríguez, asesor de los campesinos afirmó, que los hombres que se resistieron el ataque de los policías no tienen entrenamiento militar y sólo tienen rifles calibre 22 mm.
"Lugo no puede solucionar un problema social grave: la recuperación de tierras estatales adquiridas décadas atrás por personas no sujetas a la reforma agraria, y será peor porque el pueblo pobre necesita un pedazo de tierra", señaló Rodríguez a la agencia de noticias AP.
Después del incidente, el presidente Lugo manifestó su solidaridad hacia las víctimas de los oficiales, en un discurso y reiteró su respaldo a las fuerzas militares paraguayas que “defienden y preservan la ley”.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, aseguró que los ocupantes son campesinos de diferentes organizaciones, incluso algunos conocidos de desalojos anteriores, y descartó la existencia de la guerrilla de paraguaya en el lugar de los hechos.
Asimismo, Héctor Cristaldo, presidente de la patronal Coordinadora Agrícola del Paraguay, afirmó que el gobierno tiene culpabilidad en la situación ya que en años anteriores a los campesinos que han invadido diferentes terrenos del país, les brindó vivienda bajo carpas, asistencia médica, escuelas móviles y alimentos.
En su mandato, Lugo no ha podido garantizar un hogar las 87.000 familias campesinas pobres, en el marco de la reforma agraria por falta de presupuesto para adquirir predios privados.