La Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Colombia, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que más de 17.000 ex paramilitares desmovilizados retomen las armas tras el fallo de la Corte constitucional, por el que se frenó la ley que suspendía sus causas penales.
El alto tribunal tumbó una ley aprobada en 2009 por el Congreso que permitía suspender todas las causas penales contra los paramilitares que se desmovilizaron en el proceso de paz que impulsó el gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, entre el 2003 y 2006.
En un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA indicó que respeta la decisión, pero al mismo tiempo “expresa su preocupación por la indefinición de la situación jurídica de miles de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.