Un juzgado de Guatemala resolvió el jueves enviar a juicio a José Zamora, un reconocido periodista guatemalteco y crítico del gobierno, por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje, dijo el juez Freddy Orellana.
El comunicador de 65 años, preso desde hace cuatro meses, seguirá tras las rejas mientras dure el proceso en su contra.
Zamora fue capturado a fines de julio casi a la medianoche en su vivienda de la capital guatemalteca tras un allanamiento que duró varias horas. En 1996 Zamora fundó elPeriódico, uno de los principales medios de investigación del país.
También lea “Nos transformamos para resistir”: elPeriódico de Guatemala cierra su edición impresaSegún la Fiscalía el periodista supuestamente recibió unos 38.000 dólares para financiar su medio, que no ingresó de manera regular al sistema bancario.
En reiteradas ocasiones el periodista ha calificado su detención como una "persecución política" de parte del presidente Alejandro Giammattei debido a las publicaciones sobre supuestos casos de corrupción del mandatario y su entorno. La fiscalía a cargo del caso ha negado esos señalamientos.
"Mi mejor escenario es salir de prisión el 14 de enero de 2024, cuando Giammattei entregue la presidencia", dijo Zamora a la prensa durante la audiencia. "Tengo la paciencia y la verdad conmigo", agregó el comunicador, esposado de manos y con la mirada desencajada.
Como parte de este caso también fueron sindicadas Samari Gómez, exfiscal especial contra la impunidad por supuestamente filtrar información confidencial a Zamora, y Flora Silva, exgerente financiera de elPeriódico, quien el jueves aceptó su culpabilidad por lavado de dinero.
Integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) enviaron en agosto una carta a Giammattei solicitando la liberación del periodista.
Como parte de la crisis que generó la captura de Zamora, elPeriódico despidió a fines de noviembre al 80 % de su personal y dejó de imprimir publicando ahora solo en formato digital.
El arresto de Zamora se produjo en medio de una ofensiva contra fiscales, jueces, activistas de derechos humanos, periodistas y funcionarios de oposición por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la destituida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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