La fiscalía de Perú pidió tres años de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, mientras es investigada por presuntamente recibir alrededor de 10 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
Carlos Puma, fiscal del equipo especial que investiga a la élite política peruana, solicitó al juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz que varíe el impedimento de salida que tenía Villarán, de 69 años, por 36 meses de cárcel. El magistrado anunció que el lunes su despacho analizará el pedido de prisión.
Puma investiga a Villarán por supuestamente haber recibido entre 2012 y 2014 dinero de las constructoras brasileñas que procedían de fondos destinados exclusivamente a sobornar a políticos de toda la región a cambio de obtener luego contratos de obras públicas.
De acuerdo con la fiscalía, las dos empresas brasileñas entregaron en total 10 millones de dólares que Villarán habría usado en un primer momento para evitar ser despojada del poder por sus opositores y luego para financiar una fallida campaña electoral de reelección.
Villarán, izquierdista y defensora de derechos humanos, fue la primera mujer en ser elegida para gobernar la capital peruana en más de 450 años. Llegó al poder en 2011 empuñando la bandera de la honestidad, pero pronto su gestión se debilitó y sus opositores buscaron despojarla del poder mediante un referendo que se realizó en 2013 y que la mujer venció de forma ajustada. La fiscalía afirma que en su campaña electoral para mantenerse en el cargo usó dinero de Odebrecht y OAS.
Puma también sostiene que OAS financió en 2014 la campaña para la reelección Villarán, lo cual no sucedió.
La exalcaldesa se presentó el martes en una comisión del Parlamento para informar sobre las obras realizadas durante su gestión, pero evitó hablar del presunto dinero que recibió.
Odebrecht y OAS se acogieron en Perú al beneficio de la colaboración eficaz para delatar sus tratos corruptos con las autoridades.
En febrero un exejecutivo de OAS, Alexandre Portela Barbosa, afirmó a la fiscalía brasileña que la constructora usó contratos ficticios entre 2010 y 2014 en varios países, entre ellos Perú, por alrededor de 120 millones de dólares. OAS fue después de Odebrecht la segunda empresa con mayores obras en el país.
Al igual que en otras partes de la región, las investigaciones anticorrupción en Perú han provocado un terremoto entre la élite política de todas las tendencias ideológicas. Todos los expresidentes peruanos desde 2001 hasta 2018 están investigados, uno de ellos -Alan García (2006-2011)- se suicidó de un disparo en la cabeza para evitar ser detenido mientras se le investigaba por sus nexos con Odebrecht.