Este viernes, las sedes de tres importantes organizaciones no gubernamentales, ilegalizadas meses atrás por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fueron tomadas por la Policía Nacional.
Se trata de la organización feminista La Corriente; la Asociación Operación Sonrisa, que ayudaba con cirugías a personas con labio y paladar hendido, y del Centro Humbolt, especializado en temas de medioambiente.
Las tres organizaciones fueron canceladas entre marzo y mayo de este año bajo supuestas excusas de incumplimientos en sus documentos, algo que fue negado por sus respectivos representantes.
“Estas asociaciones que no quieren cumplir con la ley, no quieren rendir cuentas de sus fondos, de qué país vienen, quién les da sus recursos para cambiar los objetivos”, dijo el diputado oficialista Filiberto Rodríguez en el plenario el pasado 4 de mayo y advirtió que seguirían “haciendo cumplir la ley".
También lea EEUU acusa a Daniel Ortega de una represión “cada vez más draconiana”Sociólogos y analistas consultados por la Voz de América han coincidido en señalar que Ortega busca centralizar todo tipo de ayuda a la población y advirtieron que "enrumba" el país a una "cubanización".
Hasta la fecha el gobierno ha cancelado ya unas 700 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, entre ellas asociaciones médicas, religiosas, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
“Este 8 de julio el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acaba de concretar el despojo del local propiedad de nuestra asociación. A todas luces, la cancelación de nuestra personería jurídica y la toma de las instalaciones es un acto ilegal”, informó La Corriente en un comunicado de prensa en el que destacó que trabajaron durante 28 años promoviendo el pensamiento crítico y defendiendo los derechos sexuales y reproductivos.
Por su parte Operación Sonrisa, obligada al cierre después de 30 años atendiendo a niños, jóvenes y adultos afectados por labio y paladar hendido, emitió un comunicado publicado en Facebook donde agradeció “el privilegio de servir al pueblo nicaragüense”.
La organización ilegalizada por Ortega detalló que a lo largo de su trayectoria apoyaron con más de 11.000 operaciones gratuitas.
“Disfrutaremos las memorias creadas y celebramos los logros alcanzados”, lamentó la organización.
Nicaragua vive una de sus peores crisis políticas desde abril de 2018, cuando surgieron protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, las cuales el mandatario tildó de un intento de golpe de Estado en su contra. A raíz de esa fecha desató una persecución contra la Iglesia, actores sociales, políticos y activistas, quienes se encuentran divididos entre la cárcel y el exilio.
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