El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tendrá que hacer frente a otros tres cargos adicionales en el caso del supuesto mal manejo de documentos confidenciales en Mar-a-Lago, en Florida, donde tiene fijada su residencia.
Uno de los nuevos cargos tiene que ver con la “retención deliberada de información de defensa nacional” y dos de “obstrucción de la justicia” durante la investigación de este caso.
“La cosa se complica. Cada vez se va cerrando el cerco alrededor del presidente Donald Trump y, aparentemente, la participación de él en todo esto parece ser más personal”, explica a la Voz de América Rafael Peñalver, abogado constitucionalista que trabaja en Washington y Florida. “Según el documento, se sospecha que él estuvo dirigiendo para que se escondieran las cajas y ahora, aparentemente, pidiendo que se destruyeran las cintas de las cámaras de Mar-a-Lago”.
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Según el documento de 60 páginas elaborado por la fiscalía, se acusa al magnate estadounidense de pedir a un empleado de mantenimiento que borrara las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban buscando los investigadores. Es por ello que el fiscal especial Jack Smith está tratando de esclarecer si Trump orquestó toda esta maniobra para dificultar las pesquisas.
En el informe, además de Trump y Walt Nauta, su asistente personal, se incluye un nuevo acusado. Es Carlos de Oliveira y Smith lo señala a él como el empleado que ordenó borrar las imágenes de las cámaras de Mar-a-Lago siguiendo las directrices de “el jefe”, el apodo que utilizaba para referirse a Donald Trump.
Es la primera vez que se conoce, al menos de forma pública, el nombre de este nuevo acusado en el caso. Según apuntan varios medios estadounidenses, De Oliveira, de 56 años, fue empleado del club privado de Trump desde enero de 2022. Antes de esa fecha, había ocupado otros cargos en las instalaciones, como estar a cargo del servicio de parqueo privado.
“Si esto es así, demostraría que él tendría conocimiento de que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. No solamente de que la documentación que tenía no debería tenerla, sino que aquí se está dando un paso más allá, que es activamente participando en lo que puede ser una obstrucción a la justicia y eso es muy serio”, dice el abogado consultado por la VOA, apuntando que eso supone “un crimen”.
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La acusación firmada por el fiscal especial señala que tanto De Oliveira como Nauta fueron captados en las cámaras de vigilancia trasladando unas 30 cajas con documentos. De acuerdo al documento judicial, el empleado de Mar-a-Lago habló con el responsable técnico del club privado para decirle que Donald Trump quería que se borraran algunas de las imágenes de las cámaras que estaban almacenadas en los servidores. Hasta el momento, no se ha conocido la identidad de esta persona y, por lo que se sabe, tampoco ha sido encausada.
“Lo más importante, desde mi punto de vista, es cuando tú pides que se destruya una evidencia es porque sabes que esa evidencia va en tú contra y no deberías tener esa evidencia. Entonces, se establece el factor de conocimiento ya que en estos casos, lo más difícil es comprobar que la persona acusada tenía conocimiento que de lo que estaba haciendo estaba mal hecho, que era ilegal”, comenta Peñalver convencido de que “por sus propias acciones, cuando Trump pide al jefe de mantenimiento que destruya la evidencia, eso ya es evidencia de que lo que él tenía no lo debería tener y que lo que estaba haciendo era ilegal”.
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Según el experto, lo que se desprende del informe de la fiscalía es una especie “de confesión” al pedirle al jefe de mantenimiento que deshaga de los documentos que están en la residencia de Palm Beach.
Se sospecha que Carlos de Oliveira pudo haber ayudado también a Nauta y otras personas cercanas a Trump a cargar las cajas en un avión. Además, ya había sido acusado de drenar la piscina del resort lo que provocó que se inundara la sala donde estaban los servidores de las cámaras de seguridad.
“Este caso no está cerrado hasta que sepamos el porqué. ¿Por qué tenía Trump estos documentos? ¿Por qué la insistencia de él de retener estos documentos? Si él hubiera entregado estos documentos cuando se lo pidieron, primero a las buenas, por los Archivos Nacionales, y después por una orden judicial, nada de esto hubiera pasado”, asegura Peñalver, que a continuación se pregunta “¿Qué tenía Trump en mente hacer con estos documentos que para él era tan importante retenerlos?”.
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La fiscalía asegura que el exmandatario poseía un plan de guerra altamente clasificado y que habría compartido con personas que no tenían las credenciales de seguridad para ver este tipo de documentos. Con estas acciones, Donald Trump podría haber violado la Ley de Espionaje de Estados Unidos que, básicamente, lo que dice es que cualquier persona que posea documentos clasificados que puedan ser utilizados para dañar al país ya de por sí comete una violación.
“La Ley de Espionaje establece que una persona que se haya llevado documentación clasificada de seguridad nacional puede enfrentarse a un cargo federal”, subraya Peñarroya.
En total, ahora son 32 cargos de retención intencional de información de defensa nacional y 8 cargos relacionados con presuntos intentos de obstruir la investigación federal.
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Donald Trump ha dicho que siempre ha colaborado con la justicia y que incluso ha compartido todas las imágenes de los videos de seguridad. En esa línea, un portavoz del expresidente considera que esto es “un continuo intento desesperado y agitado” promovido por la Casa Blanca para evitar que el magnate se presente de nuevo a las elecciones presidenciales de 2024.
Peñalver advierte que es muy improbable que haya una decisión judicial que bloquee su intención de postular su candidatura ya que el proceso de la corte tomará mucho más tiempo.