Arminda es empleada doméstica y vive en Petare, uno de los barrios más grandes y peligrosos del mundo, ubicado en la periferia de Caracas. Desde que se inició el confinamiento obligatorio, el pasado 16 de marzo, no volvió a su puesto de trabajo en una vivienda de una zona acomodada del este de la ciudad.
Tiene muchos años trabajando con la misma familia y ellos, sus empleadores, continúan pagándole el sueldo para darle apoyo, pues saben que de lo contrario le sería muy difícil subsistir en medio de la coyuntura. Pero no todos corren con la misma suerte.
No le gusta hablar, dice que le da “miedo”, sin embargo, accede a conversar telefónicamente con la Voz de América. Relata que “nunca” tiene agua y que, a pesar de las medidas de cuarentena, ha debido hacer largas filas para conseguir gas doméstico.
Venezolanos en Petare, Caracas, llenan envases con agua debido a la falta del servicio.
“Todo está carísimo”, agrega preocupada, a la vez que cuenta que la caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema de distribución de alimentos del gobierno en disputa, la recibió por última vez el 28 de abril, pero que no le llegaba desde el 10 de marzo.
“La caja trajo un kilo de arroz, un kilo de lentejas, un kilo de azúcar, medio kilo de leche en polvo, dos kilos de harina de maíz, un litro de aceite y cuatro kilos de pasta. Eso dura como 15 días, más o menos, pero nunca se sabe cuándo vienen y no a todos les llega igual”, afirma Arminda.
En marzo, el presidente en disputa Nicolás Maduro llamó a “consolidar” el proceso productivo nacional para, según dijo, garantizar atender a siete millones de hogares en medio de la coyuntura planteada por la COVID-19.
“Los CLAP salen a brillar, surgen como gran solución para nuestro pueblo”, dijo Maduro en un contacto telefónico durante una reunión ministerial.
Consultada por la Voz de América sobre las denominadas cajas CLAP, Marienella Herrera, médico nutrióloga e investigadora, sostiene que la red de distribución de alimentos “no es eficiente, no está diseñada acorde a las verdaderas necesidades nutricionales de la población y es sumamente inestable”.
“¿Si recibo una porción de comida cada seis u ocho semanas y no tengo posibilidad de acceder a más nada? Se está poniendo en riesgo a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a la población en general porque todos están sufriendo los embates de una alimentación deficiente, de pobre calidad que no llega a tiempo”, explica Herrera.
Pablo Hernández, nutricionista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica a la VOA que la alimentación diaria del venezolano debería aportar 2.300 kilocalorías. “Estas deberían provenir de los distintos grupos de alimentos (…) pero esto no se cumple”, agrega.
El especialista recuerda que, según la encuesta Nacional de Nutrición y Salud publicada en el año 2015, los venezolanos consumen cerca de 1.800 kilocaloría al día.
Herrera, agrega por su parte, que la alimentación diaria debería componerse de una dieta variada, equilibrada y suficiente, pero “nada de esto se cumple hoy en día en Venezuela”.
Detalla que la dieta de la mayoría de los venezolanos consta principalmente de los denominados alimentos “rendidores” que, “calman el apetito y son ricos en calorías”, dejando de lado las frutas, vegetales y proteínas de origen vegetal y animal, lo que representa una “alimentación sumamente deficiente y que compromete la salud de los venezolanos”.
Hernández concuerda en este punto con su colega y afirma que al venezolano actualmente le cuesta consumir proteínas, frutas y hortalizas. “Con lo que se cuenta es principalmente carbohidratos, que son los más económicos, y algo de grasas que dan bastante saciedad”, agrega.
¿Hambruna?
“Estamos mal y lo poquito que consigo es para medio comer y a veces no tengo para comprarle las cosas a mis hijas”, afirma, también por teléfono a la VOA, Yelitza.
Esta asistente de cocina vive en una zona popular en el oeste de Caracas. Comenta que actualmente no trabaja y que es uno de sus cuatro hijos quien la ayuda con la comida. En ocasiones trabaja limpiando apartamentos para poder conseguir algunos ingresos.
“Estamos peor desde que empezó esta pandemia. No sabemos qué es comer ni carne ni pollo. Comemos puro granos con arroz”, apunta.
También recibe la caja CLAP, pero la última llegó en abril y asegura que solo le duró tres días. Recuerda que la última trajo: un kilo de harina, dos kilos de pasta, tres kilos de arroz, un litro aceite y dos bolsas de granos.
Reconoce que: “Ahorita como estamos nosotros, hay mucha gente (...) que está necesitada, igual que nosotros”.
Según el ‘Informe mundial sobre las crisis alimentarias’ de 2020, 9,3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria aguda o moderada.
El dato surge de “una evaluación que proporcionó un estimado” para el país, refiriéndose al estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU realizado entre julio y septiembre de 2019 y publicado en febrero de este año.
Esto pone a Venezuela, en términos de número de personas, solo por encima de Yemen (15,9 millones), Congo (15,6 millones) y Afganistán (11,3 millones).
Según el informe, en Caracas, donde viven Arminda y Yelitza, hay aproximadamente un 6,6% de “prevalencia de inseguridad alimentaria severa”. En otras partes del país este porcentaje aumenta a más del 10%.
De acuerdo Herrera, para hablar de hambruna “hay que hablar de una cantidad de muertes en general y no se ha llegado a ese extremo” en Venezuela.
“Ese es solamente un indicador, puesto que el reporte de crisis alimentaria en el mundo decide incluir a Venezuela porque hay otros aspectos que son importantes como la crisis de inseguridad alimentaria, la falta de poder adquisitivo y la disponibilidad de alimentos, entonces estos son factores que definitivamente tienen un impacto”, expone.
Entre tanto, Hernández describe el panorama venezolano como “castastrófico”. Explica que la pandemia, la vulnerabilidad de la población y la crisis política, económica y social que atraviesa el país afecta los puntos indispensables de la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos, que se tenga acceso a los mismo, que se puedan consumir en una cantidad y calidad adecuada y la persona los pueda aprovechar de forma satisfactoria.
En días recientes se han registrado disturbios y focos de saqueos en algunas entidades del país, lo que supone un “indicador de hambre”, según Hernández, pero hasta el momento el país se mantiene en tensa calma ante la escasez de combustible y la cuarentena instaurada para prevenir la propagación del coronavirus.
“Estamos peor que antes y lo que se debería buscar favorecer la distribución de alimentos y no controlar más, no políticas que ya se han visto que no funcionan, como lo es el control de precios y el control de la distribución de los alimentos”, apunta.
El gobierno en disputa anunció que desde el 24 de marzo, al menos seis millones de trabajadores comenzarían a recibir una bonificación denominada “Quédate en Casa”, equivalente a 2,5 dólares a tasa oficial para, según aseguran, apoyar a los trabajadores en medio de las medidas de confinamiento implementadas para evitar la propagación del coronavirus.