María Mercedes Hernández asegura no tener dudas de que su esposo, el docente universitario Henry Quintanilla, de 52 años, falleció a causa de la COVID-19. Las sospechas no solo están basadas en los síntomas de la enfermedad que presentaba Quintanilla, sino también en la forma cómo el Ministerio de Salud manejó su sepelio.
El gobierno de Daniel Ortega, a diferencia de la mayoría de los países, ha ordenado pocas medidas para poner freno a la pandemia. Hasta la fecha, el ministerio de Salud de Nicaragua solo reporta ocho muertos por esta enfermedad.
Hernández aseguró haber sido obligada a enterrar a su esposo a las 12 de la noche, inmediatamente después de su fallecimiento, sin velatorio ni ningún tipo de ceremonia religiosa, como se acostumbra en Nicaragua.
“A mí me obligaron a enterrarlo a las doce de la noche y el murió a las seis de la tarde. Me lo entregaron empacado en una bolsa negra, fumigado dentro de la caja, y del hospital directo al cementerio. A las doce de la noche lo estábamos enterrando”, dijo Hernández a la Voz de América.
Acta de defunción de defunción.
Quintanilla, un hombre diabético que vivía con su esposa y su hijo y trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, visitó el hospital privado Bautista en reiteradas ocasiones y únicamente le recetaron medicamentos para tratar una faringitis.
Sin embargo, el siete de mayo su salud finalmente se complicó. Su esposa relata que “a los doctores no les permiten poner el nombre exacto; ellos siempre ponen neumonía atípica, pero estoy segura que él murió de coronavirus”.
En el cementerio general de Managua reina el silencio. La Voz de América intentó conseguir una entrevista con alguno de los administradores, quienes declinaron, argumentando que requerían la autorización de la Alcaldía de Managua, encargados de autorizar este trámite.
El caso de Henry Quintanilla es uno entre muchos que se denuncian diariamente en el país. La imagen de camionetas del Ministerio de Salud de Nicaragua con ataúdes, trabajadores con trajes plásticos y entierros clandestinos, se vuelven cada vez más comunes.
En el cementerio, vendedores de flores y sepultureros aseguran ser testigos de los extraños entierros, aunque prefieren callar ante el temor de ser víctimas de represalias de parte del gobierno.
En tanto, en el interior del país la situación parece ser igual o peor. En el departamento de Chinandega, en el noroeste, familiares de Alberto “Paraíso” Mendoza, considerado uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos del sóftbol en Nicaragua, denunciaron que el deportista falleció luego de padecer síntomas de COVID-19.
Cementerio Central de Managua, Nicaragua.
El familiar que pidió mantener su nombre en el anonimato dijo a la VOA que la figura deportiva fue sepultada inmediatamente después de su muerte por personal del Ministerio de Salud: “Solo pidieron la caja y nos dieron tres horas para el trámite, y se logró enterrar en donde él tenía un terreno y no en una fosa común”, aseguró.
Al ser consultado sobre el tema, el epidemiólogo Leonel Argüello explicó que solo existen tres enfermedades cuyos cadáveres pueden ser altamente infecciosos. “El ébola, el cólera y el COVID-19, no hay más cadáveres”, dijo el especialista.
“Un cadáver normalmente a las 48 horas no es infeccioso, entonces perfectamente se puede hacer una vela con un cadáver que no sea COVID-19. En este caso, como no hay ébola porque eso es en África y no hay muertos por cólera, entonces tienes que pensar que todos esos que se entierran allí son COVID-19”, añadió.
Cuando se inició la pandemia, el Ministerio de Salud estableció un protocolo para enterrar a quienes murieran de COVID-19: sin velatorio, ni funeral, y determinó que serían entregados en ataúdes sellados para ser enterrados inmediatamente.
La información oficial sobre la pandemia está estrictamente controlada por el gobierno de Ortega, que suele organizar esporádicas conferencias de prensa a las que no todos los medios de prensa son convocados. Las autoridades se han resistido a cerrar sitios y tomar medidas de aislamiento, alegando que la economía del país no lo resiste.
Grupos independientes como el Observatorio Ciudadano de COVID-19 en Nicaragua, hacen, por su lado, un seguimiento del tema, incluyendo cifras que difieren de las entregadas por el gobierno.