La “Ley de Agentes Extranjeros” impulsada por el presidente Nayib Bukele es similar a la de Nicaragua, aunque algunos opinan que la de El Salvador es más severa, ya que busca gravar con un impuesto del 40% a toda transferencia que se reciba desde el exterior.
La medida, anunciada por el Gobierno de El Salvador, está en pausa en el Congreso hasta nuevo aviso, según informó el titular del legislativo, Ernesto Castro, en noviembre.
De acuerdo con Castro, la Asamblea Legislativa no discutirá nuevamente el proyecto de ley en pleno hasta que se haya alcanzado un consenso "con el cuerpo diplomático, que son cooperantes, y con la verdadera sociedad civil".
Sin embargo, la iniciativa sigue preocupando dentro y fuera de El Salvador.
Más de medio centenar de organizaciones sociales salvadoreñas se pronunciaron en desacuerdo con la ley, citando semanas atrás en un comunicado "que la ambigüedad de la propuesta representa un obstáculo para la continuidad de sus programas".
“Se estaría con esta ley, criminalizando, controlando, ahogando financieramente, prácticamente, la labor de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro”, dijo a la Voz de América Loida Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
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Aunque el gobierno ha dicho que el impuesto del 40% solo aplicaría al financiamiento de acciones con fines políticos o que alteren la estabilidad del país y no a proyectos sociales, algunas oenegés como la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, consideran que la ley es ambigua y esto representa un riesgo.
“Cuando uno habla con un líder y con una lideresa en una formación de huertos y habla de la seguridad y soberanía alimentaria, y de la necesidad y el derecho humano a la alimentación, eso es política”, señaló Luis González, por la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.
También lea ¿Por qué protestan en El Salvador? ¿A quién culpa el presidente Bukele?La UNES recibe apoyo financiero de la Embajada de Alemania, que ha dicho que el proceso de selección de fondos para proyectos comunitarios queda suspendido hasta que se defina la aprobación o no de de la ley.
“Con esta ley vamos a ver, y se van a sorprender, quiénes son todas estas gentes que están enviando esta ayuda disfrazada a El Salvador para financiar marchas, para financiar violencia”, aseveró Christian Guevara, diputado del partido político Nuevas Ideas.
La Administración del presidente Nayib Bukele ha afirmado que muchas de las ONG’s que actualmente operan en El Salvador son responsables de movilizaciones contra el Gobierno y ha culpado a EE. UU. de financiarlas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la ley. También la Sociedad Interamericana de Prensa, que ve en ella un riesgo para algunos medios de comunicación independientes que también reciben fondos de cooperación internacional.
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