El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, aludió a la crisis institucional que atraviesa Nicaragua y lo que significa para la región y para su país, por lo que exhortó a que se restablezca el orden institucional en la nación centroamericana.
En entrevista el jueves con la cadena de televisión CNN, Alvarado Quesada, instó a la comunidad internacional a participar en la búsqueda de soluciones para poner fin a la crisis en Nicaragua.
"Nuestro llamado internacional es para que se ayude, se auspicie, a que en Nicaragua se restablezca el orden institucional y ojalá también prontamente haya procesos electorales transparentes con observación", dijo el mandatario.
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Se refirió a los hechos políticos que se suscitaron desde abril de 2018 y a la muerte de manifestantes durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, así como a la crisis migratoria que ha provocado la crisis.
"Hay muchos activistas, periodistas que han sido arrestados por colocar sus posiciones políticas", dijo. "Esto desde el punto de vista de los derechos humanos, de la democracia y la libertad de prensa es absolutamente inaceptable", enfatizó.
"Hemos hecho el llamado a la comunidad internacional a llevar la atención a estos temas (...) Esta situación está afectando no solo a los nicaragüenses, sino a la región, al comercio de la región y también en el caso de Costa Rica por la presión migratoria que pone", insistió.
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La crisis actual estalló el 18 de abril del año pasado con protestas estudiantiles que se extendieron a varias ciudades del país.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión estatal a los manifestantes dejó 325 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de arrestados. Según CIDH, más de 52.000 personas huyeron de Nicaragua debido a la violencia desatada en el país hace un año.
En abril pasado, el gobierno de Ortega anunció que pondrá en marcha un programa para el “retorno voluntario y asistido” de miles de exiliados que huyeron del país centroamericano en el último año, una iniciativa unilateral que la oposición rechazó y tachó de absurda.
El plan de Ortega, sin embargo, no tuvo el consenso de la Alianza Cívica en la mesa de negociaciones. Opositores dijeron entonces que era "absurdo" pensar que los exiliados retornarían por el llamado del mismo gobierno que los reprimió y obligó a salir del país.