El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió este jueves archivar una ley aprobada por sus aliados en el Congreso que eleva las penas por aborto y prohíbe el matrimonio homosexual, un día después de que inaugurara un foro conservador "provida" en su país.
El mandatario solicitó a la presidenta del Parlamento que archive la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, al considerar que viola la Constitución y convenios internacionales suscritos por el país.
"Si esa ley llega a mi despacho la misma será vetada, por lo tanto, le recomiendo al Congreso de la República, con el debido respeto, que por favor archive el decreto", indicó Giammattei en un mensaje televisado.
El martes, 101 de 160 diputados aprobaron la "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", que eleva de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause".
También castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de esta.
La norma aprobada reformó el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala, y restringió a los centro educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual, entre otras limitaciones para la población LGBTI.
El rechazo de Giammattei a la ley ocurre un día después de que en acto público el cristiano Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que reúne a grupos conservadores contrarios al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, declarara el país centroamericano como "Capital Pro Vida de Iberoamérica".
"Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, que enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural", declaró en aquel acto el presidente.
Sin embargo, este jueves, marcó distancia. "Quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo (...) No podemos estar de acuerdo a pesar de su coincidencia porque Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida", consideró.
Partidos opositores y organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron que la aplicación de la ley podría provocar la criminalización de los abortos espontáneos y aumenta el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual, y señalaron que la norma es inconstitucional.
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