El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el viernes al nuevo gobierno peruano por decretar un estado de emergencia para contener las protestas sociales, que han dejado al menos 16 muertos en el país, en respuesta a la reciente destitución del mandatario Pedro Castillo.
López Obrador, que ha mostrado su simpatía por el expresidente peruano, actualmente detenido, no ha reconocido a su sucesora, Dina Boluarte, y su administración inició gestiones con las autoridades de la nación andina para atender una solicitud de asilo de Castillo.
"No debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades. En este caso, tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos un estado de sitio con militares y con soldados", dijo el viernes López Obrador.
Según una encuesta del diario mexicano El Financiero, el 52% de los mexicanos rechaza el asilo al exmandatario peruano y un porcentaje similar opina que López Obrador debería mantenerse al margen de los acontecimientos políticos en Perú.
El presidente mexicano cuestionó también que la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, acudiera esta semana a reunirse con Boluarte.
"¿No les parece un acto de prepotencia, el no cuidar las formas, el no actuar con respeto?", se preguntó López Obrador. Según el gobierno peruano, Kenna fue a expresarle "el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la situación social".
Los roces diplomáticos entre México y Perú han ido escalando desde que Castillo intentó sin éxito disolver el Congreso, que lo destituyó a continuación, en una nueva crisis política en la nación sudamericana, que ha tenido seis presidentes en los últimos cinco años.
El gobierno mexicano, y los de Argentina, Colombia y Bolivia emitieron esta semana un comunicado conjunto indicando que Castillo había sido víctima de "hostigamiento" político desde que asumió el poder a mediados del año pasado y exhortando a las nuevas autoridades a "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada" en las urnas.
En respuesta, la administración de Boluarte llamó a consultas a Lima a sus embajadores en esas naciones por "intromisión en los asuntos internos" del país por parte de los gobiernos de esas naciones.
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