José Ignacio Hernández es la persona encargada de apagar los fuegos legales del gobierno interino de Venezuela en el extranjero. Vive en Boston, Massachusetts, y fue designado procurador especial de la nación a finales de febrero por el presidente encargado, Juan Guaidó. La Voz de América habló con él en su despacho en la Universidad de Harvard, donde trabaja como profesor invitado, sobre su labor en el extranjero y en su propio país.
P: ¿Cómo es el día a día de un procurador especial en Venezuela trabajando aquí desde Estados Unidos?
R: Según el Estatuto para la Transición a la Democracia, que es la ley fundamental aprobada por la Asamblea Nacional para regir este proceso de transición, el procurador especial es el abogado del Estado venezolano en el extranjero. A mí me corresponde ejercer la responsabilidad de conducir esa representación judicial y extrajudicial en todos los países que han reconocido a Juan Guaidó, incluyendo por supuesto Estados Unidos.
P: ¿Qué casos existen en Estados Unidos?
R: Fundamentalmente los litigios en contra del Estado venezolano. Esos litigios tienen su origen en la deuda pública venezolana que constituye un elemento de riesgo para los activos venezolanos en el extranjero desde CITGO a las cuentas bancarias. Esos son activos que se van a necesitar para atender la emergencia humanitaria compleja, por lo tanto, mi misión como procurador en esos casos ha sido preservar esos activos, protegerlos de los acreedores y del régimen cleptocrático en Venezuela.
P: ¿Han solicitado al gobierno del presidente Trump una orden ejecutiva para que suspenda los casos en las Cortes?
R: Sí. Planteamos formalmente al gobierno de Estados Unidos que necesitábamos su ayuda para proteger los activos y hemos solicitado una orden ejecutiva. A veces en Venezuela no comprenden por qué se ha tardado tanto en dictar esta orden ejecutiva y hay que explicar que es una decisión absolutamente excepcional por parte del gobierno de Estados Unidos.
P: Cuando usted habla de recuperación de activos, ¿dónde se guardan esos activos que usted está salvaguardando?
R: Cuando estamos hablando de activos financieros, los fondos se mantienen en cuentas bancarias tomando las previsiones de que esas cuentas estén debidamente protegidas de acreedores. En el caso de empresas o activos no financieros, como el caso de CITGO, el control se logra precisamente controlando esos activos, demostrándole al gobierno de Estados Unidos que ya no se trata de activos bajo el control del ilegítimo régimen venezolano sino bajo el control del legítimo gobierno. Hay varios factores que hemos tratado de coordinar para lograr esa protección de activos y no tengo la menor duda que en el momento adecuado el gobierno de Estados Unidos nos va a brindar la ayuda indispensable para proteger esos activos.
P: ¿Cómo va el caso de CITGO?
R: El caso de CITGO es un muy buen ejemplo de lo que se puede lograr cuando la gerencia de asuntos públicos está en buenas manos. Cuando el gobierno del presidente Guaidó de la mano con la Asamblea Nacional tomó la decisión de controlar CITGO, [la empresa] estaba en una situación comprometida, por las sanciones. Hoy en día CITGO está en una situación absolutamente solvente. Las calificadoras de riesgo han vuelto a señalar que es una empresa operativa (…) así que ha sido un proceso absolutamente exitoso sin haber comprometido nunca la operación en CITGO y luego mantuvo operaciones durante todo este proceso de transición.
P: ¿Cómo es su labor como procurador especial y de representación en las cortes cuando en Venezuela existen dos gobiernos?
R: Los abogados designados por el régimen de Nicolás Maduro han intentado ejercer la representación judicial de Venezuela ante las Cortes, particularmente aquí en Estados Unidos. Sin embargo, la gran ventaja que tenemos es que como el único gobierno que reconoce Estados Unidos es el gobierno del presidente Juan Guaidó, las Cortes de Estados Unidos tienen que cumplir con ese reconocimiento y eso ha logrado desplazar a los abogados del régimen de Maduro y nos ha permitido tener control completo de todos esos litigios.
P: ¿Cómo es su labor respecto a los estatutos de transición?
R: Básicamente es tener listo todo para cuando cese la usurpación. Las reformas legales indispensables para recuperar la economía venezolana y atender la emergencia humanitaria compleja. Para ese propósito yo he venido trabajando en una ley que la hemos llamado la ley ómnibus que es la que va a resumir todas las reformas legales indispensables para ejecutar el programa de rescate económico del Plan País. Esa es una ley muy compleja y que yo he venido discutiendo y trabajando con personas tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos.
P: Usted escribió recientemente un artículo en el New York Times hablando de que no hay una salida únicamente o exclusivamente electoral a la crisis en Venezuela. ¿Sigue pensando lo mismo sobre todo cuando las negociaciones en Oslo están en curso?
R: El presidente Juan Guaidó lo reiteró el fin de semana que el orden sigue siendo el cese a la usurpación, la conformación del Gobierno de unidad nacional y las elecciones. Eso no es un orden arbitrario. Lo que yo expliqué en el artículo en el New York Times es que ese orden se definió por una razón muy sencilla. El objetivo de tener elecciones presidenciales es una condición para solucionar la crisis política, sin la cual no vamos a poder atender debidamente la emergencia humanitaria compleja. Para tener elecciones en Venezuela tenemos que primero restablecer las condiciones de integridad electoral y eso implica el fin de la usurpación que va más allá de quien ocupa la presidencia, no es solo quien ocupa la presidencia, es qué pasa con el Consejo Nacional Electoral, qué pasa con el Tribunal Supremo de Justicia y qué pasa con la ilegítima Asamblea Constituyente. Por eso no es posible en Venezuela que el primer paso sean unas elecciones.