Las declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, quien dijo que espera recuperar vínculos diplomáticos “plenos” con Venezuela y su invitación a los países de América Latina a hacer lo propio, podría constituir el inicio de un proyecto regional conjunto para reconfigurar las relaciones con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, estima el politólogo Ángel Medina.
Consultado por Voz de América, Medina considera que aún resulta complejo evaluar cuáles son las intenciones detrás del replanteamiento de la Casa Rosada, pero podría estar orientada hacia la búsqueda de una “oportunidad” por parte del kirchnerismo de abrir “un espacio” para aproximarse de forma distinta hacia el gobierno venezolano.
“Quizás hay algunos intereses económicos desde el punto de vista regional, pero, sin duda alguna, todo el cambio global que ha provocado Ucrania, la modificación de las agendas regionales, la variación de la política norteamericana hacia el tema Maduro cuando visitaron Venezuela, quizás todo eso influya”, señaló.
Además, dijo que no puede entenderse un acercamiento al gobierno venezolano sin hablar de derechos humanos, reconstrucción democrática o seguridad regional.
Medina planteó el contexto en el que ocurrieron las declaraciones de Fernández y el impulso que busca darle a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
“Quizás en este momento Argentina está viendo la posibilidad de liderar un proceso, un movimiento, un espacio, que busque el reencuentro de América Latina y de las regiones de América Latina con Venezuela y con Nicolás Maduro”.
Las palabras del mandatario argentino, quien aseguró que “muchos de los problemas” vinculados con violaciones a los derechos humanos en Venezuela “se han disipado”, tuvieron lugar durante un encuentro con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien se mostró cauto ante la declaración.
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Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Maduro aprovecha las circunstancias que se están produciendo en América Latina con la llegada al poder de presidentes “con discursos populistas de izquierda”.
“La región está en esas circunstancias lamentables de vaivenes y circunstancias políticas que convierten a Venezuela en un ejemplo clásico del mito de Sísifo. América Latina tiene un proceso de recuperación muy lenta y cuando pareciera que está despejado el camino volvemos otra vez atrás”, dijo.
Con los posibles triunfos de Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil, se pudiera tratar de reconstruir “la especie de bloque” que fueron la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el CELAC, que “estaban en vías de desaparecer y están intentando revivirlo con las circunstancias”.
En ese sentido, Contreras concuerda en que se estaría intentando generar un cambio en la visión sobre Venezuela y quitar a Maduro la “cara de gobierno ilegitimo”.
El internacionalista Luis Angarita también coincide en que 2022 está marcando “cambios” y considera que Venezuela ya no tiene la atención de la política internacional que tenía en 2019 y pudiese haber entrado en una categoría de “país olvidado”.
“El cambio de políticas que empiezan a reconocer a la figura de Maduro como jefe de Estado, acercándose a las viejas doctrinas de reconocer a las jefaturas de Estado y no inmiscuirse en temas internos, si es legítimo o si es de origen democrático, que era la usanza del derecho internacional y la diplomacia latinoamericana”, apunta.
Al dirigirse al mandatario argentino a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo que “negar la dictadura no ayuda a los venezolanos” y lo invitó a exigir elecciones libres y justas, así como justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales.
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Elisa Trotta, representante del Parlamento de 2015 en Argentina, pidió a Fernández no ser “cómplice de un criminal de lesa humanidad, que ha significado la época más oscura” de la historia de Venezuela.
El año pasado, Argentina, retiró el apoyo a una demanda conjunta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el Grupo de Lima en 2018.
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