¿Cómo y cuándo podrían organizaciones sociales canceladas por Ortega retomar sus labores en Nicaragua?

Desde hace cuatro años la abogada y defensora de derechos humanos de Nicaragua Vilma Núñez dirige desde un lugar no revelado en Managua una organización a la que el gobierno del presidente Daniel Ortega canceló su personalidad jurídica.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por Núñez, fue cancelado en diciembre de 2018 junto a otras ocho importantes oenegés. Luego fueron ordenadas otras cancelaciones. Hasta comienzos de junio, han sido inhabilitadas en Nicaragua 500 organizaciones sociales.

Este hecho ha sido catalogado “sin precedentes”, según activistas regionales y analistas consultados por la Voz de América.

El argumento de Ortega ha sido el mismo: un supuesto incumplimiento de la Ley que rige dichas organizaciones. De acuerdo a expertos, la aprobación en 2020 de la Ley de Agentes Extranjeros, ha sido el tiro de gracia a estas organizaciones.

Sobre la Ley de Agentes Extranjeros, el gobierno de Ortega sostiene que fue aprobada “en legítima defensa al derecho de la soberanía de la nación”, la “no intervención e injerencia extranjera en los asuntos internos”, la “transparencia de fondos”, y la lucha contra el “lavado de dinero”.

Reconstruir organizaciones sociales tardará décadas en Nicaragua, dicen analistas

De acuerdo con la legislación, todas las organizaciones que reciban fondos del exterior se deben registrar como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y entregar informes mensuales sobre los gastos, pagos y desembolsos “vinculados a su desempeño como agentes extranjeros”.

Las organizaciones niegan el argumento del gobierno y afirman que sus documentos cumplen con las reglas.

El alcance de las cancelaciones de las oenegés

Vilma Núñez dijo a la Voz de América que las organizaciones canceladas hasta el momento abarcan todo el espectro de la actividad social, entre ellas las organizaciones humanitarias que atendían la problemática de las mujeres y los niños.

"Es inexplicable cómo también buscan a las organizaciones gremiales, a las organizaciones de derechos humanos, a sectores campesinos, a todo lo que signifique organización y posibilidad de respuesta en algún momento determinado. Los está prácticamente liquidando”, afirma.

“Es un trabajo de exterminio para que aquí nada se mueva”, agrega.

Eric Olson, Director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de Seattle International Foundation, con sede en Washington, subraya a la VOA vía Skype que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales son vitales para una democracia sana. Menciona que algunas apoyan a la nación en varias áreas y también fomentan la transparencia en algunos casos ocupando un papel fiscalizador.

"Reconstruir todo el tejido social tardará décadas", dice.

La historia de las organizaciones de la sociedad civil

Por su parte Núñez, quien se ha dedicado durante toda su vida a la defensa de los derechos humanos, recuerda que las ONGs en Nicaragua fueron reguladas por la ley 147 , Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la cual se aprobó en 1992 durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Antes —explica Núñez— existieron organizaciones, pero estaban regidas prácticamente por el código civil y menciona por ejemplo que el Cenidh, se organizó en 1990. “Nos constituimos como una organización civil sin fines de lucro, una de las formas establecidas en el código civil anterior y que existe en el actual”.

En ese entonces no había necesidad de tener personería jurídica para poder funcionar, pero cuenta que desde un primer momento, siempre se hizo el esfuerzo y se criticó la necesidad de registrarse al Ministerio de Gobernación.

“¿Por qué iba a tener este control y este registro el Ministerio de Gobernación? Si sus funciones son completamente distintas, de control, de garantizar seguridad. No son precisamente esas funciones, bien las podía haber regulado el Estado a través del Ministerio de Justicia u otra institución civil”, relata la defensora de derechos humanos.

Núñez dice que “el fenómeno de la proliferación de oenegés” surgió producto de la experiencia organizativa que la sociedad nicaragüense de diferentes sectores sociales, incluido los sectores urbanos y rurales durante la época previa a la revolución sandinista en los años 80.

“Para derrocar a la dictadura de Somoza hubo organizaciones, un efecto organizativo. No [fue] solamente el Frente Sandinista como organización política-militar, sino también otras”, remarca.

Acción sin precedentes tardaría décadas para revertirla: expertos

Núñez evalúa de "irracional e inédita" la medida. "Hemos tratado de analizar desde hace mucho tiempo y nadie recuerda que haya habido una situación de esta naturaleza”.

Olson, del Seattle International Foundation y que ha estudiado por más de 40 años la región, coincide: "jamás en mi vida había visto algo similar en ningún otro país”.

Incluso dice que ni siquiera "durante los primeros periodos del sandinismo en los años ochenta no vimos tal cosa. Así que, realmente no tiene precedentes. Es sumamente preocupante y yo creo que está dejando a Nicaragua, como Estado, bastante aislada dentro de la comunidad de países en las Américas”.

Olson subraya que esto tendrá un efecto devastador en el país y reconstruir estos espacios no será tan fácil, pues a su juicio la sociedad civil depende no sólo de los permisos legales, que son esenciales para su funcionamiento legal dentro de la sociedad, sino que también depende de las capacidades de sus recursos humanos.

“Para mí ese es el problema. Reconstruir la sociedad civil nicaragüense, legalmente, se puede hacer en algún momento, eventualmente, no digo que ahora, pero se puede hacer con cambios de leyes, procedimientos, etc. Pero, a medida que se están cancelando el recurso humanos, la capacidad de estas personas se va a ir perdiendo porque ellos tienen que, también, buscar otra manera de sobrevivir y las experiencias que ellos tienen se van perdiendo”, afirma.

“Yo creo que esa es otra parte muy trágica de lo que está pasando en Nicaragua”, subraya.

Un mal ejemplo para la región

La liquidación de estos espacios es preocupante para la región, indica a la VOA, Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

De hecho menciona Nicaragua se está convirtiendo poco a poco en un “mal ejemplo” para Centroamérica, en donde se han venido aprobando formulaciones de leyes, que si bien no son iguales, “de alguna manera tienden a restringir espacios cívicos o no permitir que la sociedad civil tenga las libertades suficientes”.

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