“Una deuda casi impagable” para afectados por guerra interna: directora de Unidad para las Víctimas de Colombia

El conflicto armado interno en Colombia que ha persistido desde la década de 1960 ha dejado cerca de 10 millones de víctimas en todo el territorio nacional, como resultado de los enfrentamientos entre grupos guerrilleros, paramilitares y las fuerzas armadas estatales.

Según datos oficiales, son 9.781.883 de víctimas, lo que significa que dos de cada 10 colombianos han sufrido la violencia, en formas como el desplazamiento forzado, la pérdida de un ser querido, asesinatos, desapariciones, violencia sexual, amenazas, secuestros, atentados, enfrentamientos armados o el despojo de tierras.

En entrevista con la Voz de América, Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, entidad estatal creada en 2012 para brindar atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas del conflicto, explicó que el gobierno enfrenta un "reto gigante" en cuanto a la reparación y el reconocimiento de las víctimas, debido a la "lentitud" en el proceso durante los últimos 13 años.

Entrevista con directora de la Unidad para las Víctimas de Colombia, Lilia Solano

"Para reparar a todas las víctimas, se necesitarían alrededor de 343 billones de pesos -aproximadamente 80.000 millones de dólares- una cifra gigantesca", explicó Solano.

Asimismo, mencionó la reciente solicitud que la Unidad para las Víctimas hizo a la embajada de Estados Unidos en Colombia, con el fin de que los bienes de los exparamilitares extraditados a ese país puedan ser utilizados para la reparación de las víctimas del conflicto.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y por su extensión.

VOA: ¿Cuál es la situación de las víctimas en el país y cómo avanza el proceso de reparación?

Solano: El número de víctimas en Colombia es abrumador. Actualmente, gestionamos el Registro Único de Víctimas del conflicto armado, que incluye cerca de 10 millones de personas registradas. Además, hay sujetos colectivos como sindicatos, organizaciones campesinas y maestros que fueron afectados por la guerra en sus territorios.

Como puedes ver, este número es inmenso y representa una deuda casi impagable. Contamos con programas de retorno, reubicación, integración y reparaciones tanto individuales como colectivas, lo que incluye indemnizaciones. La mayoría de las víctimas provienen de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que representan al menos el 80 %.

VOA: ¿Cuáles son las metas del gobierno colombiano para reparar a las víctimas del conflicto?

Solano: Tenemos dos grandes metas. Una está relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo, donde el objetivo son 600.000 reparaciones. Sin embargo, el presidente ha insistido en que debemos ir más allá y dignificar al menos a 2 millones de víctimas, algo que ya tenemos en mente.

Tanto el presidente como las víctimas y la sociedad civil han coincidido en que debemos trabajar por una reparación integral.

Aunque no logremos reunir todos los recursos en este gobierno, nos empeñaremos en buscar cómo reparar a las víctimas en su totalidad. El desafío es enorme, ya que durante los últimos 13 años el proceso ha sido muy lento. Este gobierno quiere dejar una huella y su legado será la reparación a las víctimas.

VOA: El presidente Gustavo Petro ha mencionado que se necesitarían 150 años para reparar a todas las víctimas y propuso emitir billetes para acelerar el proceso. ¿Qué opina sobre esta idea?

Solano: Cuando les dices a las víctimas, muchas de las cuales han muerto esperando su reparación, que deberán esperar 150 años, es como decirles que no serán reparadas. A este ritmo, la reparación sería imposible.

En un solo gobierno no se puede cerrar la brecha de la deuda histórica. No obstante, el presidente ya había mencionado esta propuesta. Las víctimas quieren un gobierno que les diga: “Hay una deuda con ustedes, muchas viven en condiciones de extrema pobreza y debemos repararlas”. También es una deuda que, en un mundo globalizado, debe ser acompañada por la comunidad internacional, como lo hemos propuesto.

El presidente llevó esta idea a la ONU, no solo para cerrar el conflicto armado y la guerra, sino también para reparar a las víctimas. Sabemos que no podemos hacerlo solos, pero tampoco podemos seguir generando víctimas sin que nadie asuma la responsabilidad de repararlas. Este gobierno quiere liderar esa búsqueda de recursos para la reparación.

VOA: La Unidad para las Víctimas envió recientemente una solicitud a Estados Unidos para que los bienes de los paramilitares extraditados a ese país sean usados en la reparación de las víctimas. ¿En qué estado se encuentra este proceso?

Solano: Es muy importante. Desde la Unidad para las Víctimas enviamos una carta al embajador de Estados Unidos en Colombia y al responsable de Derechos Humanos de la embajada. Cuando los líderes paramilitares fueron extraditados, una de las preocupaciones de las víctimas era no tener acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral, ya que fueron procesados por delitos relacionados con el narcotráfico y no por crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.

Las víctimas temían que no tendrían acceso a las audiencias para conocer la verdad. Ha pasado tiempo y muchos de ellos entregaron propiedades y bienes como parte de negociaciones para reducir sus penas. Creemos que este es un buen momento para abordar el tema.

Estados Unidos tiene un compromiso con la democracia, la paz y la justicia. Enviamos la solicitud y esperamos una respuesta, sabiendo que estos son procesos que toman tiempo. Es importante que las víctimas en Colombia sientan que su voz ha sido escuchada.

VOA: Entre todos los desafíos que enfrenta el Estado en la reparación a las víctimas, ¿cuál cree que es el más grande?

Solano: Tenemos enormes retos. El primero es cumplir lo pactado, ya que durante años la institucionalidad ha fallado en su compromiso con las comunidades. Hay una gran desconfianza en que lo firmado no se cumpla. También enfrentamos el reto de contar con pocos recursos, lo que nos obliga a priorizar y cumplir los compromisos con los pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales.

Es fundamental garantizar los recursos para cumplir con los acuerdos y mantener el ritmo de reparación que hemos logrado en este gobierno, para que lo pactado se respete en el futuro, sin importar el próximo gobierno. La búsqueda de más recursos para la reparación de las víctimas es esencial.

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