El presidente ha dado hasta fines del verano para tratar la reforma inmigratoria, caso contrario amenaza con tomar medidas propias. Los republicanos rechazan esos plazos.
Legisladores republicanos cuestionaron fuertemente al presidente Barack Obama por presionarlos a discutir la reforma inmigratoria y dijo que la fijación de plazos por parte del presidente puede ser contraproducente y hace más difícil su tratamiento.
El presidente Obama ordenó parar la revisión de las políticas de deportaciones hasta fines del verano para darles oportunidad a los republicanos en el Congreso a considerar la ley.
Pero en una audiencia en el Congreso con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, el republicano Bob Goodlate, dijo que "cuando el presidente dice que va a imponer un límite de tiempo y luego estudiar la posibilidad de tomar medidas por su cuenta... eso no facilita, sino que dificulta la reforma inmigratoria".
Goodlate, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, donde se tendría que debatir la reforma, dijo que él y otros miembros del Congreso “creemos también que es necesario hacer una reforma migratoria.
El secretario Johnson fue interrogado duramente por los republicanos también por el tema del programa Comunidades Seguras, que obliga a las autoridades locales a informar a las autoridades migratorias cada vez que detienen a personas indocumentadas.
Aunque el secretario había dicho anteriormente que el programa necesitaba una “revisión fresca”, el jueves aseguró que la administración no busca tirar por la borda esa iniciativa.
“No creo que debemos eliminar Comunidades Seguras. Lo que creo es que, dada la realidad en la que estamos con este programa en este país, necesitamos comenzar de nuevo”, dijo a los legisladores.
La presencia de Johnson en el Congreso coincidió con la información de que cientos de inmigrantes indocumentados con récords criminales fueron dejados en libertad desde el año pasado y que unos 400 centroamericanos aparentemente indocumentados tuvieron que ser liberados en Arizona porque los centros de detención estaban llenos por un aumento súbito de inmigrantes.
Muchos republicanos en el Congreso y algunos legisladores estatales dicen que el Gobierno federal no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera sur de Estados Unidos.
El presidente Obama ordenó parar la revisión de las políticas de deportaciones hasta fines del verano para darles oportunidad a los republicanos en el Congreso a considerar la ley.
Pero en una audiencia en el Congreso con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, el republicano Bob Goodlate, dijo que "cuando el presidente dice que va a imponer un límite de tiempo y luego estudiar la posibilidad de tomar medidas por su cuenta... eso no facilita, sino que dificulta la reforma inmigratoria".
Goodlate, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, donde se tendría que debatir la reforma, dijo que él y otros miembros del Congreso “creemos también que es necesario hacer una reforma migratoria.
El secretario Johnson fue interrogado duramente por los republicanos también por el tema del programa Comunidades Seguras, que obliga a las autoridades locales a informar a las autoridades migratorias cada vez que detienen a personas indocumentadas.
Aunque el secretario había dicho anteriormente que el programa necesitaba una “revisión fresca”, el jueves aseguró que la administración no busca tirar por la borda esa iniciativa.
“No creo que debemos eliminar Comunidades Seguras. Lo que creo es que, dada la realidad en la que estamos con este programa en este país, necesitamos comenzar de nuevo”, dijo a los legisladores.
La presencia de Johnson en el Congreso coincidió con la información de que cientos de inmigrantes indocumentados con récords criminales fueron dejados en libertad desde el año pasado y que unos 400 centroamericanos aparentemente indocumentados tuvieron que ser liberados en Arizona porque los centros de detención estaban llenos por un aumento súbito de inmigrantes.
Muchos republicanos en el Congreso y algunos legisladores estatales dicen que el Gobierno federal no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera sur de Estados Unidos.