¿Cuáles son los retos para garantizar el voto de los venezolanos en el extranjero?

Atrás quedaron los años en los que el voto de los venezolanos en el exterior no era significativo: se estima que para 2024, cuando están previstas elecciones presidenciales en Venezuela, habrá en el exterior unos 4,5 millones de venezolanos en edad de votar, de acuerdo a la Asociación Civil Súmate.

Sin embargo, según el corte del Registro Electoral (RE) correspondiente al 30 de abril de 2022, solo 107.927 venezolanos están registrados para votar en el exterior.

La última vez que se conocieron procesos sistemáticos para inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012, apunta Súmate, una asociación civil sin fines de lucro con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana.

Consultado por la Voz de América sobre la importancia actual de la participación de los electores en el exterior, Francisco Castro, director de Súmate, dijo que si la totalidad de la población electoral en el exterior o incluso una fracción logra inscribirse y participar, el hecho tendría una relevancia “crucial” para un proceso electoral de carácter nacional.

“Por ejemplo, si un millón de personas en el exterior lograra participar, estamos hablando de que superaría el número de votos obtenidos en al menos 22 entidades federales en las elecciones del pasado 21N”, resalta.

Castro destacó la importancia de que se garantice que los votos se cuenten en tiempo real, debido a que el procedimiento, hasta la fecha, implica esperar que los resultados viajen a Venezuela por valija diplomática y se contabilizan días o semanas después del proceso electoral.

También insiste en que el CNE está en la obligación constitucional y legal de garantizar el derecho al voto de los venezolanos en el exterior, pero apunta que la legislación nacional e internacional le obliga a trabajar de la mano con cancillería, o permitir la asistencia de la ONU -ACNUR- OIM.

“Ello implica la necesaria voluntad política de permitir o facilitar estos procesos, lo cual parece complicado de no mediar un proceso de negociación dada la compleja situación de legitimidad o reconocimiento internacional”, explicó.

Sin embargo, añadió que, considerando que existe consenso internacional en cuanto a que la solución electoral a la crisis política venezolana sea electoral, cree que existe un “clima favorable” para construir espacios de acuerdo con otros gobiernos, “orientados a facilitar el voto”.

Países como Estados Unidos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por considerar que el proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018, en el que fue reelegido, no fue “justo ni creíble”. En su lugar, desde 2019 reconocen a Juan Guaidó como presidente interino y ubican a la Asamblea Nacional de 2015 como “la última institución democrática” en el país.

Obstáculos

Si bien la Constitución de Venezuela establece el derecho al voto para los ciudadanos mayores de 18 años, para los venezolanos en el exterior la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) se refiere a “una legalidad de permanencia” en el país de acogida.

El artículo 124 de la LOPRE establece que “solo podrán sufragar en el exterior los electores y electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Además, el artículo 26 del reglamento de la LOPRE, contempla que los electores venezolanos que se encuentren “legalmente residenciados” en el extranjero podrán actualizar sus datos a través de la representación diplomática ubicada en el país de residencia”.

Al respecto, Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) explica a la VOA que los artículos establecen “consideraciones” que afectan el derecho a la participación política, se traduce en una “traba legal” y son “contrarias a la participación política”.

También hace referencia a una circular emitida en 2018 por el CNE a las sedes consulares venezolanas donde “se exigía residencia legal y permanente a todos los venezolanos que quisieran inscribirse o actualizar sus datos en el registro de las oficinas consulares”.

“Es importante entender que Venezuela está en una situación particular. Es una realidad a la que nos confrontamos debido a la migración forzada producto de una emergencia humanitaria compleja”, subraya.

Castro, en tanto, afirma que resulta “contradictorio que una institución venezolana solicite requisitos o documentos emitidos por gobiernos extranjeros para garantizar un derecho constitucional a los ciudadanos venezolanos”.

Sin embargo, agrega, de acuerdo a la OIM, actualmente, al menos 2,5 millones de venezolanos ya contarían con algún estatus de legalidad de permanencia en el exterior, además de los ciudadanos que posean doble nacionalidad o algún estatus migratorio.

El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) reitera que lo expuesto en la LOPRE es “contrario a la Constitución” y que “indistintamente del lugar de su residencia”, todos los venezolanos que hayan cumplido mayoría de edad, y no estén sujetos a interdicción o inhabilitación política, tienen derecho a votar.

“La cédula de identidad y el pasaporte de muchas personas venezolanas en el exterior se encuentran vencidos, pero algunos consulados y embajadas del país de residencia solicitan documentos originales y vigentes para la inscripción en el RE o para la actualización de sus datos”, expone CEPAZ.

La rectora suplente del CNE insiste en que es necesario trabajar es en la restitución del derecho a la identidad de muchos de los venezolanos que migraron “de manera forzada” y que no cuentan con documentos, para luego poder trabajar en la restitución de sus derechos políticos.

Detalla que, durante las elecciones regionales y municipales de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) pudo constatar cómo el padrón electoral está “sobrerrepresentado” porque muchos de los venezolanos en el exterior siguen inscritos en el RE en Venezuela.

Al respecto y ante la envergadura de la logística que implicaría, resalta el trabajo que, de forma “mancomunada”, podría llevar adelante la UE con la asistencia electoral de la ONU, y lo expone como “una posibilidad” que se debe continuar explorando, debido a que podría prestar apoyo a través de sus distintas agencias.

“Es importante entender que estas situaciones pasan por un tema de voluntad política (…) hay que asumir que esto presenta retos importantes para los que nos tenemos que preparar, tendría que haber un despliegue muy importante pero también una motivación para que se inscriban y ejerzan su derecho”, dijo.

Súmate llama al CNE a convocar a todos los sectores de la sociedad civil venezolana para construir un “diálogo nacional” que involucre a la mayor cantidad de sectores orientado al desarrollo de un plan y cronograma que lleven a lograr la actualización y depuración del RE dentro y fuera del país para garantizar el derecho a elegir de los ciudadanos.

Ese proceso, además, debe llevar a garantizar condiciones electorales que rescaten la confianza de los ciudadanos en el voto como mecanismo de cambio.

Petición

Recientemente ante el CNE, la organización política independiente Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) consignó un documento para solicitar la activación del proceso de registro en el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero.

El disidente del chavismo Nicmer Evans, politólogo y dirigente del MDI, precisó que la población de venezolanos en Colombia y Perú suma aproximadamente 2 millones de personas y afirma que tienen la posibilidad política “real” de participar desde el punto de vista electoral.

Evans subrayó que, si el poder electoral actúa como organismo autónomo y participan los órganos competentes, el proceso de inscripción de los venezolanos fuera del país podría ser inmediato.

De acuerdo con datos de la agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente hay más de 6 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo y se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de Siria.

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