El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, convocó a una reunión del Consejo Permanente para tratar el agravamiento de la crisis en Venezuela y denunciar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia como un “autogolpe” de estado.
La convocatoria fue acompañada por manifestaciones de preocupación de Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos mientras en Caracas, un "cacerolazo" masivo en protesta por la sentencia se extendió la noche del jueves, y desde algunos edificios incluso se escucharon gritos de "Fuera Maduro”.
El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.
"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un "auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional".
Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que "debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio".
No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela del bloque, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno venezolano entable un diálogo.
Estados Unidos
El jueves por la tarde, el departamento de Estado norteamericano condenó la decisión del Tribunal de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida "usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos democráticamente" y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el futuro de su país a través de los representantes electos.
"Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos", lee el comunicado.
En lugar de descartar las instituciones democráticas de Venezuela, el gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana.
Latinoamérica
Horas antes, el gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que "constituye una ruptura del orden constitucional y democrático " y en consecuencia decidió "retirar de manera definitiva a su embajador".
En la que fue la primera reacción del gobierno venezolano, la canciller Delcy Rodríguez, sin mencionar la sentencia, rechazó categóricamente el "comunicado injerencista del gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana".
El gobierno del presidente boliviano Evo Morales, en tanto, expresó su "solidaridad e incondicional apoyo" ante lo que considera como "un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana".
"Ese tipo de acciones solamente atentan la unidad de Latinoamérica y El Caribe y responden a intereses extraterritoriales, con claros actos de injerencia que vulneran el Derecho Internacional", agregó la cancillería boliviana en un comunicado en el que criticó la postura antagónica asumida por varios de la región sobre la crisis política en Venezuela.
“La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre”, aseguran los opositores al gobernó Maduro.
Panamá y México también expresaron "su profunda preocupación" por las recientes decisiones del máximo tribunal. El gobierno mexicano además reiteró lo manifestado en una declaración divulgada la semana pasada por un grupo de 14 países, en la que pidieron elecciones inmediatas, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.
A su vez, la canciller colombiana María Ángela Holguín resaltó la importancia del "respeto por la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia", mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski escribió en su cuenta de Twitter que "América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela".
Tiempo después, la presidencia de Argentina emitió un comunicado en el que informó que el presidente Mauricio Macri se reunió con la esposa del líder opositor Leopoldo López, quien permanece encarcelado en Venezuela, y agregó que el mandatario hizo un llamado a "recomponer el orden democrático en Venezuela".
Por su parte, la presidenta chilena Michelle Bachelet escribió en su cuenta de Twitter que "la situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades". La mandataria, de gira en Portugal, convocó a Chile a su embajador en Venezuela "a informar", medida diplomática con la que se expresan desacuerdos y críticas.
Senadores de EE.UU.
Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez dijeron en un comunicado conjunto que la sentencia del TSJ se trata del “último ataque a lo que quedaba de las instituciones democráticas en Venezuela” y “es un insulto flagrante contra el pueblo de Venezuela y los valores que guían a nuestro hemisferio”.
“La democracia venezolana llevaba cojeando años, pero la decisión de cerrar el cuerpo legislativo del país confirma nuestros peores temores: Maduro es un dictador trastornado que ha desmantelado la democracia en su país sistemáticamente”, apuntaron.
El senador Ben Cardin, Miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la sentencia constituye "un intento escandaloso y descarado del presidente Maduro de convertir efectivamente a Venezuela en una dictadura".
"Yo apoyo a los legisladores de la oposición en la Asamblea Nacional y los aliento a seguir haciendo su trabajo en nombre de sus electores, el pueblo venezolano”, apuntó.
¿La gota que derrama el vaso?
Eric Olson, director asociado del programa latinoamericano del Wilson Center, evitó catalogar el acto judicial como un golpe de Estado, pero afirmó que deja en evidencia la ausencia de separación de poderes en el país.
"No quiero usar ese término porque tiene muchas connotaciones pero es bien claro que la democracia en Venezuela está totalmente desacreditada y ya no hay instituciones independientes", dijo Olson. "No sé si esta es la gota que derrama el vaso, pero sí es otro argumento a favor de que ya no hay espacios y que la comunidad internacional tome algunos pasos".
El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos. Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo Tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos.
A comienzos de esta semana, el Tribunal también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un "Estado de conmoción" y "revisar las diversas leyes" ante el desacato del Congreso.