La ola de protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso no se detiene en las regiones, dejando al menos siete muertos en choques entre la policía y la ciudadanía de acuerdo con el más reciente reporte de la Defensoría del Pueblo.
Seis de los muertos se reportaron al sur del país, en Apurímac, y uno en Arequipa.
La situación se salió de control desde el sábado en Apurímac, la región natal de la nueva presidenta, donde se han registrado también 22 heridos, que se encuentran hospitalizados. Hubo también un intento de ocupar la comisaría del distrito de Andahuaylas que no se concretó.
Más de 100 organizaciones sociales se encuentran en insurgencia popular contra el gobierno. Además, acatan un paro regional indefinido en rechazo a Boluarte y los congresistas, mientras exigen que se adelanten las elecciones generales, pedido que la nueva jefa de Estado ya presentó al Parlamento, con vistas a que se programen para abril de 2024.
Manifestantes que exigen la disolución del Congreso y elecciones participan en una manifestación en Arequipa, Perú, el 13 de diciembre de 2022. REUTERS
En la ciudad de Ica continúa el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, que impide el tránsito regular de los autobuses de transporte interprovincial y autos particulares. En Arequipa, Cusco Puno, Ayacucho, Cajamarca y Trujillo crece el descontento con los plantones y marchas a diario en las plazas de armas de estas ciudades.
Lima, la capital, tampoco escapa de las movilizaciones. Los manifestantes se reúnen en la plaza de San Martín para dirigirse al Congreso. En el trayecto, no obstante, han sido replegados por la policía que los hace retroceder con balas de canicas, golpes de varas y gases lacrimógenos.
“Hago un llamado al fuero internacional que estamos siendo reprimidos por este gobierno. La señora Boluarte debe renunciar y adelantar las elecciones. El pueblo está harto de todo esto”, dijo el sacerdote Luis Bazalar a la Voz de América desde una movilización el sábado en Lima.
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La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la policía informó en conferencia con la prensa peruana que detrás de las manifestaciones tanto en Lima como en diversas regiones del país estarían dirigentes del Movimiento para la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), una organización surgida en 2009 y supuestamente vinculada con Sendero Luminoso, uno de los grupos más violentos de suramérica.
“El Movadef tiene una actividad incesante en estas marchas. Lo han evidenciado a través de sus directivas y sus demandas de cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y adelanto de elecciones”, informó Óscar Arriola, jefe de la Dircote, en diálogo con RPP Noticias.
Partidarios del derrocado presidente peruano Pedro Castillo protestan con carteles pidiendo su liberación afuera de la base de la Policía Nacional donde el expresidente se encuentra detenido para una audiencia, enfrentando cargos de rebelión, en las afueras de Lima, Perú, el 13 de diciembre de 2022. (Foto AP/Guadalupe Pardo)
Sin embargo, esta no sería la única organización que participa de las movilizaciones, ya que se ha identificado a excarcelados que pertenecieron al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“A nosotros nos queda claro. Personas pertenecientes a Sendero Luminoso, excarceladas, asesinos, criminales que han colocado coches bomba están en las protestas en este momento y tienen la desfachatez de decir que antes colocaron coches bomba y ahora nos hemos reducido a estas bengalas y bombardas”, dijo Arriola.
Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, acusó al congresista Guillermo Bermejo, aliado del expresidente Pedro Castillo, de ser de los instigadores de las protestas contra el nuevo Ejecutivo para derrocar a la presidenta Boluarte.
“Lo que hemos podido ver es que el señor Guillermo Bermejo ha estado en un hotel de lujo en Ica, reuniéndose con algunos azuzadores y las consecuencias las estamos viendo en estos momentos”, añadió a la prensa.
Ante el clima de ingobernabilidad, la presidenta Boluarte anunció que se declarará estado de emergencia en determinadas regiones y el ministro del Interior, César Cervantes, confirmó que se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Protestas en Perú, en diciembre de 2022. [Foto: Rodrigo Chillitupa]
Pedidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los hechos de violencia registrados en las recientes manifestaciones en el Perú.
“Llamamos a las instituciones del Estado y a los diferentes sectores sociales a sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo, con perspectiva intercultural, crucial para la gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos”, expresó su comunicado.
Además, apremiaron a que se proteja la labor de los periodistas.
Durante las manifestaciones del lunes se registraron actos de violencia contra las instalaciones de canales de televisión como América Televisión, Panamericana Televisión, y Exitosa, entre otras.
EEUU procupado por las “manifestaciones violentas”
El gobierno de Estados Unidos expresó este martes preocupación por los enfrentamientos en Perú tras la destitución de Castillo.
“Nos preocupan los informes dispersos de manifestaciones violentas y de ataques a la prensa y la propiedad privada, incluidas las empresas”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en conferencia de prensa.
“Alentamos a los peruanos a expresar sus quejas a través de protestas pacíficas y canales democráticos”, dijo Price, quien reafirmó el apoyo de Washington a la presidenta en funciones, Dina Boluarte.
Price aseguró que EEUU se mantiene en estrecho contacto con los gobiernos en la región y está monitorear los eventos.
Luis Felipe Rojas contribuyó desde Miami
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