Siete personas fueron asesinadas el miércoles en una vía de segundo orden del norte de la Amazonía ecuatoriana, mientras rige en el país un estado de excepción decretado para aumentar el control policial y militar ante la desbordada violencia generada por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
En un informe, la policía señaló que efectivos del ejército encontraron siete cuerpos vestidos con indumentaria militar —sin que fuera confirmado oficialmente que fueran integrantes de la fuerza pública— que fueron asesinados en la madrugada y hallados todos juntos en la parte de atrás de una camioneta.
También había varias armas de fuego tipo fusil, en el vehículo que se encontraba en una vía secundaria del sector conocido como Lago San Pedro, 180 kilómetros al noreste de la capital.
También lea Ecuador registra reducción en muertes violentas del 41 %, gobierno promete que militares seguirán custodiando prisionesEl reporte policial indica que residentes del sector escucharon una balacera en la madrugada y dieron aviso a las autoridades, que acudieron al sector junto a fiscales y policías investigadores para dar con los responsables.
Esa zona, en medio de la Amazonía ecuatoriana, no se caracteriza por hechos violentos, aunque las autoridades han denunciado que allí se registran actividades ilícitas como minería ilegal y tala de bosques.
En Ecuador rige el estado de conflicto armado interno desde el pasado 9 de enero, una medida decretada por el gobierno en respuesta a una serie de ataques que sucedieron a la fuga de un peligroso líder de organización criminal de la cárcel y a la irrupción de un grupo de encapuchados armados en un canal de televisión nacional mientras transmitía en vivo.
El hecho fue el colofón de la escalada de violencia, asesinatos, secuestros, extorsiones que se desencadenaron desde inicios de 2021 en buena parte del país bandas criminales locales, vinculadas con carteles del narcotráfico de Colombia y México.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, paralelamente decretó el estado de excepción que restringe derechos como el de reunión y asociación y que permite movilizar a los militares en funciones de seguridad interna y realizar controles y operativos en las calles y en las cárceles.
De acuerdo con las autoridades, esa medida ha incidido a la baja en la tasa de muertes violentas que pasó desde 27 a 10 por cada 100.000 habitantes.
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