La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió el lunes un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que busca proteger a periodistas de castigos penales y sanciones civiles millonarias en Ecuador.
El fallo del 24 de noviembre de 2021 declara la "responsabilidad internacional del Estado de Ecuador" por las violaciones de diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia, ex editor de Opinión de El Universo de Guayaquil, y contra los propietarios de ese diario, Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga.
"Este reafirma precedentes importantes a favor de los periodistas cuando son acosados por funcionarios públicos mediante querellas penales y demandas civiles millonarias y desproporcionadas", dice la SIP en un comunicado.
Palacio, así como los tres directivos, había sido condenado a prisión y multado con 40 millones de dólares, gracias a una demanda iniciada por el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa. Los hechos se remontan al 6 de febrero de 2011, cuando Palacio publicó un artículo que cuestionaba la conducta del mandatario frente a una revuelta policial ocurrida seis meses atrás.
También lea Periodistas salvadoreños denuncian bloqueos, hostigamientos y amenazas de agentes estatalesJorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo: "Nos complace esta sentencia, que reafirma los antecedentes interamericanos a favor de la descriminalización de las demandas por difamación contra periodistas y los protege de pagar indemnizaciones que van más allá de su realidad económica".
El fallo de la Corte IDH indica que "en el caso de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario".
La Corte IDH también consideró “desproporcionada” la sanción económica millonaria y consideró que tanto ésta como la sanción penal inhibieron “la circulación de ideas, opiniones e información por parte de terceros, constituyendo una afectación al derecho a la libre expresión”.
Canahuati y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, recordaron que, desde hace años, la sociedad viene denunciando "el uso abusivo de demandas penales y civiles para acallar e inhibir a los periodistas".
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