El Tribunal de Paz de Colombia imputó el lunes los delitos de tortura y persecución contra pueblos indígenas a un grupo de militares involucrados en casos de “falsos positivos”, como son conocidos en el país los asesinatos extrajudiciales de personas que eran presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combates.
Los nuevos delitos fueron imputados en el marco de la investigación a un grupo de militares que reconocieron su responsabilidad por el asesinato y la desaparición forzada de más de un centenar de personas, algunas pertenecientes a pueblos indígenas, entre 2002 y 2005. El Tribunal evaluó la responsabilidad individual, por tanto, cuatro militares fueron imputados sólo por tortura, tres por persecución y cuatro más por ambos delitos.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), concluyeron que se configuró el delito de persecución contra los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicados al norte del país, debido a que los asesinatos de sus miembros obedecieron a la pertenencia a dichos pueblos.
Ever de Jesús Montero Mindiola, indígena Kankuamo, fue asesinado en agosto de 2003 en el norte de Colombia. Su cuerpo fue encontrado vestido con prendas camufladas que solían usar los guerrilleros. La JEP concluyó que la víctima “fue encapuchada, constreñida y retenida por un tiempo prolongado previo a su ejecución” y como parte de las coerciones hicieron que se identificara como miembro de un grupo armado ilegal sin serlo, señaló la imputación.
También lea La desaparición forzada de más de 100.000 personas: el desafío de los tribunales de paz en ColombiaSegún el tribunal, los militares elaboraron una estrategia en la que los integrantes de los pueblos indígenas “se convirtieron en objetivos militares”.
Además, el tribunal afirmó que los militares actuaron en complicidad con grupos paramilitares —dedicados a perseguir a las guerrillas de izquierda—. En algunos casos, los paramilitares entregaron a los militares las víctimas vivas o muertas tras ser señaladas como sus “enemigos”.
La magistrada Ana Manuel Ochoa indicó a la prensa que los nuevos delitos fueron imputados luego de que las víctimas, especialmente los pueblos indígenas, insistieran en que incluyeran más delitos contra los militares.
“Escuchamos de las víctimas que no se había imputado el delito de tortura y también escuchamos de los pueblos indígenas... que se había cometido el delito de genocidio, de exterminio y también de persecución”, explicó Ochoa.
Los magistrados sólo encontraron que los militares habrían cometido los delitos de tortura y persecución, de los cuales serán notificados.
El tribunal indicó que se convocará a los militares a asistir a una audiencia pública para verificar su contribución a la verdad y luego se emitirá una sentencia en la que se le impondrán “sanciones propias”, es decir, que no implican ir a la cárcel pero sí restricciones de libertades y derechos de residencia, así como reparación a las víctimas por medio de proyectos o acciones simbólicas.
La JEP no ha emitido sentencias en ningún caso relacionado con el conflicto armado en Colombia que se extendió durante cinco décadas. Se espera que en los próximos meses lo haga en los casos de “falsos positivos” y secuestros cometidos por las FARC.
La investigación de “falsos positivos” es una de las más avanzadas dentro de los casos que investiga la JEP, agrupados por delitos más representativos y lugares del país donde el conflicto estuvo presente. El tribunal calcula que la cifra de víctimas de “falsos positivos” asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008.
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