El presidente Donald Trump promulgó este jueves la ley "Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018" o "Nica Act", una medida que prevé sanciones contra al gobierno de Nicaragua.
La información la dio a conocer la Casa Blanca a través de un comunicado. La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. el pasado martes 11 de diciembre.
En el texto, explican que parte de la ley pide al Secretario de Estado, Mike Pompeo, consultar con ciertos comités del Congreso para preparar reportes anuales sobre las actividades el gobierno nicaragüense.
El "Nica Act", originalmente presentado por la congresista republicana de Florida Ileana Ros-Lehtinen y terminó siendo un proyecto bipartidista, busca condicionar la aprobación de los Estados Unidos para préstamos al régimen de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales.
También busca imponer sanciones adicionales a funcionarios y "facilitadores" del gobierno del presidente Daniel Ortega. Recientemente, EE.UU. sancionó a Rosario Murillo, la vicepresidenta del país y esposa de Daniel Ortega, y a Néstor Moncada Lau, consejero de seguridad nacional del presidente Ortega.
Ros-Lehtinen utilizó su cuenta de Twitter para agradecerle al presidente Trump haberla firmado y asegurar que "EE.UU. continuara apoyando el pueblo de Nicaragua hasta q hayan serias reformas electorales".
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton también utilizó su cuenta de Twitter para indicar que la ley "es otro fuerte mensaje que la administración continuará presionando al régimen de Ortega para el regreso de la democracia y los derechos humanos. Estados Unidos está al lado del valiente pueblo nicaragüense y apoya sus llamados por libertad".
Esta ley, como proyecto, tuvo un largo proceso de dos años y medio para su aprobación y retomó fuerza en abril de este año con las protestas contra el gobierno de Ortega.
Trump firmó el proyecto de ley un día después de que Nicaragua anunciara la expulsión de expertos internacionales que investigan denuncias de violaciones a los derechos humanos durante protestas callejeras que pedían a Daniel Ortega abandonar la presidencia.
Las protestas dejaron al menos 230 fallecidos.
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