La reciente decisión de las autoridades nicaragüenses de clausurar más de 1.500 organizaciones no gubernamentales en un solo día, incluidos grupos religiosos, y de confiscar sus activos, es profundamente preocupante, dijo la Unión Europea en un comunicado.
Además, el bloque hizo un llamado a que se restablezcan las libertades fundamentales en el país centroamericano gobernado por Daniel Ortega, que lleva más de 17 años consecutivos en el poder.
La semana pasada, se anunció el cierre de 1.500 oenegés alegando supuestos incumplimientos. Esta ha sido la mayor cantidad de organizaciones clausuradas desde el 2018, cuando empezó una crisis sociopolítica en el país tras protestas contra reformas al seguro social.
La Unión Europea indicó que se debe "liberar a todos los presos políticos y (permitir) el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos" en Nicaragua.
"Reiteramos la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico y respetar el derecho a disentir. Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que entablen un diálogo genuino e inclusivo con todas las partes interesadas pertinentes en Nicaragua para abordar sus demandas legítimas", sentenció el bloque europeo.
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El gobierno de Ortega respondió y acusó a la Unión Europea de "injerencista" y de hablar en nombre de lo que tildó de "teatral democracia".
"El gobierno de Nicaragua, aclara a los señores de la Unión Europea, que Nicaragua es un país y una patria soberana, y por lo tanto, no es colonia, ni recibe ni acata órdenes de ningún país del mundo", respondió Managua, alegando que las decisiones "se toman en base a la Constitución de la República, y a las leyes".
Organizaciones de derechos humanos y activistas han alertado de una concentración de poder de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes acusan de instaurar una "dictadura" en el país centroamericano.
Desde el inicio de las protestas en Nicaragua, el gobierno de Ortega ha anulado más del 70 % de las Organizaciones Sin Fines de Lucro que existían en este país centroamericano.
De 7.227 oenegés que existían hasta 2017, se han anulado 5.232, entre ellas 164 por "disolución voluntaria", según un registro del periódico digital Confidencial.
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