La Unión Europea (UE) prorrogó “medidas restrictivas” individuales contra 17 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por “las acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, según el Diario Oficial de la UE publicado el viernes.
El Reglamento de Ejecución prorroga hasta noviembre de 2023 las medidas contra todas las personas en la lista en el reglamento relativo a “medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela”, publicado el 13 de noviembre de 2017.
El gobierno de Venezuela reaccionó, a través de un comuicado divulgado por la Cancillería, calificando la decisión de "desafortunada" y "anacrónica" y aseguró que, además, las sanciones no han logrado "cumplir con su objetivo".
"Repudiamos la política insana de recurrir a estas herramientas de chantaje político, contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del Derecho Internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados", reza el despacho oficial.
También lea Negociadores del Gobierno y la oposición de Venezuela se encuentran en ParísLa lista de sancionados la integran Remigio Ceballos Ichaso, ministro Interior y Justicia de Venezuela; Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria y ex presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira; Maikel Moreno, magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Alexis Escalona, Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT); Gladys Requena, Inspectora General de Tribunales.
También figuran los nombres de Omar Fernández, exgobernador del estado Zulia; Lourdes Suárez, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; René Degravez, magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ; Arcadio Rosales, exmagistrado y exvicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ, y Carmen Zuleta, exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ.
Indira Alzonzo, ex magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; Leonardo Morales, exvicepresidente del CNE; Tania D’Amelio, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; Jesús Vásquez, presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, Manuel Pérez, exviceministro de Relaciones Interiores y Justicia y Juan Mendoza, exvicepresidente segundo del TSJ, continúa la lista.
"Menoscabo" de la democracia
En cada renglón de la lista, la UE especifica en qué manera los funcionarios han “apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
Las medidas, puntualiza el reglamento, no afectan a la población en general y podrán revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respecto de los derechos humanos en Venezuela.
La prórroga coincide con el encuentro en el V Foro de París por la Paz, celebrado en Francia, entre los negociadores del gobierno y la oposición venezolana en el proceso de diálogo en México, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, respectivamente.
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Venezuela es el país más desigual del mundo
Los negociadores del gobierno y la oposición venezolana en el proceso de diálogo en México se encontraron el viernes en el V Foro de París por la Paz y se reunieron con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, Colombia, Gustavo Petro, y Argentina, Alberto Fernández.
De momento, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado respecto a la extensión de las sanciones, sin embargo, el año pasado, cuando la UE anunció la prórroga en ese entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela condenó la medida, que calificó como “un acto de hostilidad”.
Las primeras sanciones de la UE contra Venezuela se dieron en 2017, luego de intensas manifestaciones antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado y en las que murieron decenas de personas.
En noviembre de 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
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